Integrantes de la Comisión Permanente Instructora de la LXIII Legislatura aprobaron ayer el acuerdo de radicación del juicio político promovido contra el exgobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo y establecieron un plazo de tres días hábiles para la ratificación correspondiente.
Los diputados del PAN, Morena y PRI dieron curso al expediente 34 promovido por Amira Cruz y Alejandro Cruz Pimentel, contra el exmandatario de Oaxaca, en el cual se le acusa de violaciones graves a la Constitución y malversación de recursos públicos.
La presidenta de la Comisión Instructora, María de Jesús Melgar Vásquez, de Morena; Juan Mendoza Reyes, del Partido Acción Nacional (PAN) y la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mercedes Rojas Saldaña, detallaron que le notificarán a los promoventes para que acudan a ratificar la denuncia y con ello estar en posibilidades de analizar si se inicia o no la investigación correspondiente.
“Como lo marca la ley, quienes promovieron el juicio político contra Cué Monteagudo tienen tres días hábiles contados a partir de que les sea notificado el acuerdo para presentarse a ratificar su escrito”, recalcó la diputada Melgar Vásquez.
Además la legisladora del partido encabezado por Andrés Manuel López Obrador, impulsor de Cué a la gubernatura, subrayó que trabajarán en todos los expedientes que les notifiquen, sin importar de quién se trate o a qué partido pertenezca.
Los legisladores de los diversos partidos políticos firmaron la revisión de los primeros 16 expedientes.
A su vez, la diputada priista Mercedes Rojas Saldaña y el panista Juan Mendoza Reyes, externaron su compromiso para seguir trabajando en la Comisión Instructora.
“Me permito someter a consideración de esta H. Soberanía hechos que, salvo error de apreciación, constituyen causa suficiente para que se inicie formalmente juicio político en contra del titular del Poder Ejecutivo del Estado, Gabino Cué Monteagudo, por distraer las rentas públicas del Estado de los objetos a que están destinados por las leyes, así como el desvío de recursos públicos que trastocan el funcionamiento normal de las instituciones”, señala el escrito que será analizado por los diputados locales, si se cumple el procedimiento.
Y es que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la administración del expresidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores acumuló más de 500 observaciones por un monto superior a los 4 mil millones de pesos.
El pleno del Congreso del Estado está constituido mayoritariamente por legisladores del PRI, seguido de Morena, PRD, PAN y PT; la minoría la integran el PUP, PVEM y PES.
