El área jurídica de la Sección 22 del magisterio oaxaqueño interpuso un amparo ante la justicia federal para obtener la suspensión definitiva del alza en el transporte urbano, por ser un hecho anticonstitucional.
La dirigencia interpuso un recurso con la firma de 300 quejosos para pedir la protección por el incremento de un peso que sufrió este servicio el 13 de este mes.
Ángel Aristóteles Chávez Aquino, abogado de la secretaría de Asuntos Jurídicos, informó que el 28 pasado acudieron a los juzgados de distrito para iniciar el proceso que recayó en el Juzgado Primero de Distrito.
La petición se sujetó en los vacíos legales de la ley, indicó el abogado quien busca que se emita una suspensión provisional del incremento hasta que se defina si es legal o ilegal la determinación de los funcionarios.
En los sustentos, destacó la falta de fundamentación y motivación de los requisitos que sostengan esta determinación que hizo la Secretaría de Movilidad (Semovi) por la solicitud de los empresarios.
Asimismo, argumentaron la falta de fundamentación y motivación del estudio socioeconómico que se debió haber realizado a la población usuaria como lo marca el Artículo 116 de la Ley del Transporte del Estado.
“Ellos debieron organizar un estudio antes para poder determinar si era factible el aumento del pasaje, cosa que no realizaron y si lo realizaron no hay información sobre eso”, precisó.
Dentro de esto, mencionó la inconstitucionalidad de la Ley de Tránsito del Estado porque argumentan que el alza estará fundamentada con base en el salario mínimo, situación que desde el 2016 dejó de existir para darle pasado a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Entre otras justificantes, fundamentaron el amparo y por eso, esperan la suspensión del aumento en los próximos días y hasta que se determine que es constitucional y apegado a derecho la determinación.
Los juzgados responden entre tres días a una semana si procede la suspensión provisional del incremento al servicio urbano y de ahí, las autoridades emiten su informe, cuyo plazo es de 15 días.
El abogado de la Sección 22 indicó que será por medio de esta argucia jurídica como echarán atrás esta determinación unilateral de la autoridad en materia del transporte.
