El comercio ambulante de la ciudad de Oaxaca hace converger intereses políticos, corrupción, clientelismo, pero también la disputa por el espacio público catalogado como patrimonio mundial.
Para la socióloga Noelia Ávila Delgado, quien ha analizado el caso de la ciudad de Oaxaca, el operativo policiaco que hace casi 7 meses restringe el acceso de vendedores al primer cuadro de la ciudad no sólo es punitivo con los comerciantes y la población (a esta última por marcarle dónde transitar y dónde no) sino da la falsa idea de orden y “limpieza”.
La reubicación de vendedores es una medida similar, en tanto la complejidad del llamado comercio informal requiere de soluciones de fondo. Es decir, de atención a la causas que lo originan, como la precariedad laboral.
Ante la situación que se vive desde hace varias décadas con la presencia de comerciantes en vías y espacios públicos, la socióloga analiza el contexto de la capital. Sin datos certeros, la autoridad ha estimado entre 3 mil y 5 mil ambulantes, principalmente en el Centro Histórico.
Con excepción de los grupos de desplazados triquis en Palacio de Gobierno y otros que guardan medidas cautelares que limitan su retiro, Ávila analiza las acciones emprendidas por el municipio.
Esta es una entrevista concedida en los últimos días de la pasada administración, en la que Ávila asociaba los filtros impuestos por el exedil Oswaldo García Jarquín “a la administración que viene”; es decir, a la que preside ahora Francisco Martínez Neri.
De ahí que cuestionara el freno impuesto por el pasado cabildo a la propuesta de reforma del reglamento para la actividad en vía pública hecha por el entonces regidor Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias.
Que no se aprobara la normativa que pudo haber ayudado a conocer cuántos comerciantes hay, explica, fue una serie de intereses. “Hay a quien le conviene este desorden”, tanto líderes de las organizaciones como a la clase política con la que se generan redes en los gobiernos. Y por lo cual “a unos se les permite y a otros no” estar en la calle.
“Ese es el otro rostro del comercio ambulante, que ha servido como un grupo donde se pueden usar estas organizaciones a favor de un partido o en algún momento político en particular”.
Ciudad patrimonio y la disputa del espacio
Que el comercio en vía pública se busque reordenar con operativos policiacos es para la experta una apariencia, un intento por cuidar el nombramiento como ciudad patrimonio.
En la normatividad, detalla que las autoridades apelan al nombramiento como patrimonio y por eso se difunde la idea de que los comerciantes “dañan el patrimonio”.
Pero si se apuesta por el orden, al menos parcial, este tipo de comercio puede ser potencial económico y turístico, señala la especialista. Sin embargo, la presencia de vendedores en esta parte de la ciudad encierra una disputa por el espacio. “Tenemos al comercio establecido que está en disputa con los de la calle porque en un sentido muy práctico les roban los clientes”.
El actual edil ha señalado que el nuevo mercado en la Central de Abasto servirá para “despresurizar” un poco el “problema”. Sin embargo, a decir de la socióloga, las reubicaciones, no solo las del comercio, no son muy efectivas si no se atienden las raíces del problema: entre ellas la falta de empleo y la precariedad laboral, el control de las organizaciones y el clientelismo y la corrupción.
El operativo también fragmenta el espacio
De acuerdo con Ávila, el operativo Alfa limita a los comerciantes y el libre tránsito de la población, ya que determina dónde sí se puede pasar y dónde no.
“Vaciar los espacios públicos de vida, genera espacios que a la vista pueden engañarnos porque pensamos que son libres de desorden y que está bien que se vean así… No solo controla el espacio sino a la población”.
Pero más allá, Ávila observa que operativos como este son un tipo de propaganda política, tanto para quien lo implementa como para el partido político del que es.
Previo a esta administración, la experta ya había señalado que lo mejor era empezar con un censo de comerciantes. El siguiente paso era regularlos y un tercero (como se ha hecho en Ecuador o España) acomodarlos y generar una estructura para que el gobierno recabe directamente los recursos por ejercer la actividad y se eliminen las redes y corrupción.
Eso beneficiaría a los comerciantes, aunque no le convendría a los gobiernos u organizaciones, apuntaba.
