En las instalaciones del Instituto Tecnológico del Istmo (ITI), se llevó a cabo el diálogo para impulsar una iniciativa de ley general de prevención y protección ante los agravios a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, que promueve la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
En este evento se contó con la presencia del sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, representante legal de la Casa del Migrante “Hermanos en el Camino”; del edil juchiteco Emilio Montero Pérez, y de personal de la Fiscalía General del Estado (FGEO); así como de representantes de diversos medios de comunicación.
En este acto, los representantes de la citada subsecretaría dieron a conocer que en términos territoriales, los focos rojos generados por los asesinatos de reporteros y defensores de los derechos humanos se dan en más de siete entidades federativas, en donde se concentra del 50 a 60 por ciento de todas las agresiones a nivel nacional.
Al poco tiempo del inicio del evento, representantes de diversos medios de comunicación a nivel regional, colocaron cartulinas como forma de protesta para exigir justicia para los periodistas asesinados en los últimos meses del presente año.
El comparativo sexenal presentado por los funcionarios federales, estableció que del 2006 al 2012 fueron asesinados 101 periodistas, de los cuales 87 fueron hombres y 14 mujeres; en el sexenio 2012 al 2018 fueron asesinados 96 representantes de medios de comunicación, 84 hombres y 12 mujeres; y del 2018 a enero del 2022 han sido ejecutados 55 reporteros, 49 hombres y 6 mujeres, haciendo un total de 252 casos.
Durante la presentación de las estadísticas de homicidios de periodistas y defensores de los derechos humanos, al lugar arribaron comuneros de la ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, quienes demandan la liberación de uno de sus compañeros que se encuentra recluido por motivos políticos.
De igual manera se manifestó un grupo de personas pertenecientes a la organización Xhuba Yachi, quienes exigen a la empresa eólica Bi Yoxo el pago por afectaciones ambientales en sus predios, y el cumplimiento de los acuerdos firmados en sus contratos.
En tanto, los funcionarios federales dieron a conocer que 55 periodistas han sido asesinados en el periodo de diciembre del 2018 a marzo del 2022 en la república mexicana, en los estados de Sonora, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, y el Estado de México.
Señalaron que dentro de los principales factores que originaron estos homicidios está el crimen organizado, la impunidad, corrupción, colusión entre las autoridades con grupos delictivos, falta de importancia que tiene la labor periodística y de los defensores de los derechos humanos, principalmente.
Agregaron que los mecanismos de protección deben de estar vinculados a las corporaciones policiacas y las fiscalías estatales, por lo que próximamente estarán firmando convenios de colaboración con los ejecutivos de cada una de las entidades del país.
Agregaron que dentro de la presente administración federal se han erogado recursos por más de 1200 millones de pesos; mientras que en el presupuesto del presente año a la fecha se han aplicado 388 millones de pesos, por lo que esperan terminar el cuarto año con un total de 1600 millones.
Las personas incorporadas al mecanismo de protección hacen un total de 1,566, de los cuales 521 son periodistas, 142 mujeres y 379 hombres, así como 1,045 defensores de los derechos humanos, 566 mujeres y 479 hombres.
De igual manera este organismo ha entregado 1,251 botones de asistencia, 66 servicios de escolta con 251 elementos, 82 refugios de seguridad y más de 430 domicilios con infraestructura de seguridad, de los cuales siete beneficiarios son originarios de la entidad oaxaqueña.
Medidas de seguridad
1,251 botones de asistencia
66 servicios de escolta con 251 elementos
82 refugios de seguridad
430 o más domicilios con infraestructura de seguridad
7 beneficiarios son oaxaqueños.
