“La palabra no es para encubrir la verdad, sino para decirla”, con esta frase de José Martí comenzó la conferencia de prensa en la que el profesor Lauro Atilano Grijalba Villalobos, explicó que a un año de haber sido liberado, aún no le ofrecen una disculpa pública y no le han pagado los salarios caídos, de los 5 años 7 meses que estuvo preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco, a donde fue recluido junto a 12 personas más acusadas de delincuencia organizada y secuestro, al ser detenidos el pasado 17 de mayo del 2013.
Acompañado de su esposa e hijos, el profesor narró la injusticia cometida contra los 4 profesores de la Sección 22 del CNTE, como parte de la escalada de violencia que el Gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto cometió contra las organizaciones y los líderes sociales.
“Nuestra detención fue producto de un mega operativo por parte de la policía federal, de triste memoria, el día 17 de mayo del 2013 cuando salíamos de una reunión de un conocido café en plaza Oaxaca. Nos fabricaron los expedientes para fincarnos responsabilidades por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, que no cometimos”, detalló.
El ex preso político de la CNTE dijo que posteriormente fueron trasladados al penal en donde estuvieron presos durante 5 años 7 meses.
“Allí, poco a poco fuimos aprendiendo que para sobrevivir en tan difíciles circunstancias, era necesario estar siempre activos para mantener los ideales y la moral alta. La presión física y psicológica a las que fuimos sometidos, fue muy dura y prolongada, provocando daños cuyas heridas profundas en el alma, aún tiene secuelas que no se logran superar”.
Mencionó que hoy después de un año, no tiene una respuesta favorable sobre la petición de la disculpa pública ante la fabricación de los delitos que se les imputaron y la injusticia padecida por el Estado; así como por la reparación del daño que les causaron y del pago de sus sueldos durante el tiempo que permanecieron presos.
Comentó que después de la permanencia en el penal, las autoridades no lograron comprobar su acusación y por ende tener pruebas de los delitos que supuestamente habían cometido, por lo que fueron puestos en libertad y absueltos de toda imputación.
Explicó que podrían realizar algunas acciones por parte de familiares, amigos y pobladores de Jalapa del Marqués para lograr que cumplan, responsabilizando al IEEPO por la falta de atención y seriedad en la solución a la petición del pago de los salarios caídos.
Reiteró además la exigencia a los gobiernos Estatal y Federal, para que le den seguimiento puntual al asunto de los presos políticos y de conciencia que hoy están recluidos en las cárceles del país a consecuencia del mal gobierno de EPN.
