Podría Ley General de Cultura proteger el patrimonio del Istmo

Aunque la Ley general de Cultura y Derechos Culturales que se aprobó en abril pasado en el Congreso de la Unión es una legislación “raquítica y endeble”, sus artículos son herramienta suficiente para que la población de zonas afectadas por sismos exija a los gobiernos de los tres niveles respetar su historia, patrimonio y decisiones sobre la forma en la que quieren llevar a cabo la reconstrucción, aseguró el especialista en derecho cultural Carlos Villaseñor.

“Los promotores culturales tienen nuevos elementos que sabiéndolos utilizar le pueden dar un sentido cultural al desarrollo que surja de esta etapa de reconstrucción, tenemos muchos más elementos, tenemos una ley imperfecta, raquítica, mínima, pero que sí te da elementos para estar exigiendo que los procesos de restauración tomen en cuenta la vertiente cultural como un elemento de desarrollo sostenible”, expuso en entrevista el especialista luego de una conferencia sobre la Ley de Cultura en la universidad La Salle como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro Oaxaca 2017.

La ley aprobada por mayoría, severamente criticada –“no es lo que deseábamos”, expresó la diputada de Morena y escritora Laura Esquivel, está repleta de vínculos con el tema de la reconstrucción. En la fracción III del artículo 2 establece como objetivo “promover y respetar la continuidad y el conocimiento de la cultura del país”, el artículo 3 reconoce como manifestaciones culturales elementos “pretéritos, actuales, inherentes a la historia, arte, tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la nación”, elementos como la arquitectura del Istmo, prácticas como la construcción con adobe.

“Vamos a iniciar el proceso de reconstrucción, es un momento clave para pensar estas cosas, desde dónde vamos a marcar el nuevo sentido de desarrollo de esas comunidades, lo podemos hacer ajeno a sus formas de convivencia, a sus conocimientos, a sus tradiciones o hacerlo de otra forma, no por romanticismo, sino porque estas construcciones culturales son producto del diálogo que durante muchos años sostuvieron las personas con su medio ambiente”, sostuvo Villaseñor, consultor independiente de la ONU en temas de gobernanza cultural y políticas culturales.

Para el especialista, uno de los puntos más fuertes de la iniciativa aprobada es la fracción X del artículo 11, que “abre la puerta a apelar a las convenciones internacionales, inmediatamente nos da los puentes con las organizaciones internacionales que pueden ser un respaldo importante”.

Villaseñor resalta que además del derecho a decidir sobre su forma de vida, las personas de zonas afectadas cuentan con conocimientos que han respondido a sus necesidades durante siglos, ejemplo de ellos son incluso los grandes iconos del patrimonio de la humanidad con los que cuenta Oaxaca.

“Santo Domingo no tiene estas cúpulas por accidente, es una forma arquitectónica mucho más adecuada para resistir los temblores, no tiene los contrafuertes porque al párroco de aquel entonces le encantaba que se viera grandote, no, tiene un sentido producto de muchos años de experimentación de la relación de las personas con su medio ambiente.

“¿Podemos hacer un proceso de reconstrucción que esté alejado de esto?”, preguntó a la audiencia. “¿Podemos estar aparte de las formas en que las personas conviven, dialogan, celebran, circulan, podemos hacer de lado de un día para otro la costumbre de que el terreno que yo poseo es tan grande que puede construir mi hijo cuando se case, podemos hacer a un lado la costumbre de tener el huerto de traspatio o tener las vaquitas o tener el horno de leña, ¿será fácil que el proceso de reconstrucción se dé a través de casitas de interés social de 60 metros cuadrados?”.

Las fallas de la ley

Villaseñor participó con 13 especialistas como Ernesto Piedras, Carlos Lara, José Alfonso Suárez del Real y Lucina Jiménez en el consejo redactor de la iniciativa de ley de cultura, que finalmente fue descartada para tomar una propuesta enviada por el Poder Ejecutivo federal, que sin embargo, contiene deficiencias importantes.

Una de esas fallas, de acuerdo con el consultor, es que la definición de los derechos culturales resultó débil. Estos derechos pudieron haber sido colocados como “el centro, el corazón de la política cultural del país”.

Es también una falla el no haber concretado el derecho a la cultura como el cuarto pilar de desarrollo, como un eje transversal de la política pública “que añada elementos al desarrollo económico, social, agrario”, porque “lo cultural no es solo responsabilidad de la Secretaría de Cultura, sino es elemento esencial de todas las áreas del gobierno”.

Estas fallas se cometieron en un momento político importante, previo a la renovación de la Presidencia de la República. “En seis siete meses tendremos un nuevo presidente electo e inmediatamente después vendrá la obligación de hacer el programa nacional de cultura y derechos culturales, que será por primera vez parte del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, no queríamos que el proceso se centrará en otras cosas sino sobre todo en los derechos culturales, eso era importante”.

Una oportunidad perdida más fue el definir el concepto de industrias culturales y creativas, que generan el 7.4 por ciento del PIB nacional “podríamos saber cuáles son sus alcances y cuáles no, porque se ha vendido mucho como un mito que nos hace pensar que las industrias culturales son la solución para todas los artistas, que si tú te metes al tema de industrias culturales todo mundo va a comprar tus esculturas, todo el mundo va a ir a tu feria, vas a llegar a cuatro o cinco o países, te van a pagar en libras, en dólares, y la realidad es que no es así, la economía creativa ha tenido un auge tremendo, pero en áreas que no son las tradicionales de lo cultural”.

Aciertos

Entre los aciertos que se reconocen a la actual Ley general de Cultura y Derechos Culturales, se encuentra el que la definición de patrimonio cultural inmaterial se define desde las propias comunidades, “en la medida en que tú reconozcas esa expresión, sea antigua, sea reciente, tradicional o no, como parte de tu patrimonio cultural tienes el derecho a su salvaguarda, lo cual no significa que se transmita al gobierno la obligación de su mantenimiento, el garantismo de los derechos culturales es que tú tengas condiciones para salvaguardar esa expresión que tú consideras tu patrimonio”.

El Estado, asegura Villaseñor, contrae la obligación de generar condiciones para que esa cultura sea preservada y difundida, mas no de mantenerla material o financieramente.

“No le toca al Estado, en la medida en que tú le cedes la posibilidad al Estado de intervenir en estos procesos le estás permitiendo que intervenga en tu esfera privada y eso sería un error garrafal, no me vas a decir tú (como Estado) cómo mi patrimonio cultural inmaterial lo transmito, no me vas a decir tú cómo voy a adorar a mis muertos, imagínate que permito que el Estado tenga facultades para definir cómo debo recordar a mis muertos”.

ALGUNOS MONUMENTOS DAÑADOS EN EL ISTMO:

1. Casas de cultura de Juchitán y Tehuantepec
2. El templo de San Vicente Ferrer, en Juchitán
3. Las iglesias de San Sebastián, San Jerónimo, Santa Cruz y Santa María en Tehuantepec

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