A más de dos años de los sismos que devastaron varias comunidades en la región del Istmo de Tehuantepec, ahora los fraudes contra los damnificados continúan a través de instituciones financieras que exigen pagos de viviendas que nunca se construyeron.
A estas prácticas se suman a las irregularidades que se detectaron por medio de las tarjetas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), con la clonación de los plásticos que afectaron a miles de familias necesitadas.
En una carta enviada al Corporativo Aprecia Financiera, el ciudadano Zacarías Morales Regalado, originario del municipio de Juchitán de Zaragoza, que esta institución le pretende hacer un cobro por concepto de un crédito por una vivienda tramitada por la Compañía Delta&Co. Que ofreció sus servicios en la región.
Mediante un proyecto de Autoconstrucción Asistida, esta compañía invitó a los damnificados para reconstruir sus patrimonios, sin embargo, en varios casos jamás cumplió con los trabajos ofertados.
“Este cobro no debe proceder porque dicha constructora no me hizo entrega de ninguna vivienda y, si el financiamiento fue tramitado y otorgado, es a dicha compañía a la que se le debería solicitar el reembolso del crédito, pues han incumplido ellos con la entrega de la vivienda ofertada”, expuso Morales Regalado.
Destacó que este fraude o incumplimiento por parte de esta constructora, afecta a varios habitantes de Juchitán y hasta el momento no han recibido respuesta alguna por parte de los representantes de la Compañía.
Según datos de los damnificados las cantidades que exige la financiera, oscila entre los 50 hasta los 80 mil pesos, según los proyectos ofrecidos por la constructora Delta&Co.
De acuerdo a la información que se proporciona mediante su sitio web, esta financiera tiene su sede en el estado de Puebla y los principales servicios que otorga a sus usuarios son créditos para la construcción de viviendas, así como para negocios, entre otros.
Cabe destacar que a estos casos de fraudes a los damnificados, se suman a otras denuncias presentadas desde 2017 contra diversas empresas constructoras que jamás cumplieron con la entrega de viviendas.
