Madrid.
El destino del ex presidente catalán Carles Puigdemont y de cuatro ex consejeros podría quedar algo más claro a partir de mañana, cuando está prevista su comparecencia ante la Justicia belga, que debe decidir si los entrega o no a España para ser juzgados por delitos derivados del proceso independentista.
La audiencia en la Cámara del Consejo -un tribunal instructor de primera instancia- prevista a las 14:00 horas (13:00 GMT) será, sin embargo, a puerta cerrada y es posible que no haya imágenes ni de Puigdemont ni de sus ex ministros regionales.
Se trata de Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritzell Serret y Lluís Puig, ex responsables respectivamente de las carteras de Salud, Enseñanza, Agricultura y Cultura en el Ejecutivo catalán destituido por el gobierno español el 27 de octubre. Ese día, el gobierno español intervino la autonomía de la región, horas después de que el Parlamento catalánaprobara una declaración para abrir un proceso de independencia.Madrid disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones para el 21 de diciembre.
Puigdemont y los cuatro ex consejeros se encuentran en Bruselas tras desplazarse allí después de que la Fiscalía española los citara a declarar por rebelión, sedición y malversación, delitos derivados del proceso independentista y que podrían ser castigados con hasta 30 años de cárcel.
No acudieron a la vista en la Audiencia Nacional y se marcharon a la capital belga, donde se entregaron a la Policía. Tras ser interrogados, quedaron en libertad vigilada -sin posiblidad de salir del país- el 5 de noviembre, mientras el resto de los ex consejeros que habían permanecido en España sí eran enviados a prisión provisional a excepción de uno.
Lo que el tribunal instructor belga estudiará mañana será la orden de detención europea remitida desde España después de que los políticos catalanes no se presentasen a declarar. Todo indica que el proceso será largo y que habrá que esperar antes de que haya pasos definitivos.
Tras escuchar los argumentos de la defensa y la Fiscalía, el juez de laCámara del Consejo podría responder de diversas formas: una opciónes que adopte directamente una decisión sobre la entrega de los políticos para ser procesados en España. Fuentes en Bruselas lo consideran poco probable y de hacerlo, cabrían aún hasta dos recursos posibles, uno ante un tribunal de apelación y otro de casación.
Otra opción es que tras escuchar a Puigdemont y sus consejeros, se tome unos días antes de dar su dictamen -lo habitual suele ser en torno a diez, señala hoy la prensa española-, y una tercera es que convoque otra vista más adelante antes de pronunciarse. Y ahí empezaría a contar el plazo para las posibles apelaciones.
Según la Justicia europea, el país ejecutor tiene 60 días desde la fecha del arresto para tomar una decisión final sobre la entrega, pero bajo circunstancias excepcionales este plazo puede extenderse otros 30 días, hasta un total de 90. Pero algunos expertos apuntan la posibilidad de mayores dilaciones.
Una vez existiera una decisión en firme, Bélgica tendría diez días para realizar la entrega.
Así, parece del todo improbable que Puigdemont esté en España antes de las elecciones regionales del 21 de diciembre.
Puigdemont ha señalado que se marchó a Bélgica en un intento de internacionalizar la crisis abierta en Cataluña y buscar apoyos en Europa a la intervención del gobierno de España. No lo consiguió, ante el férreo respaldo de las autoridades de la Unión Europea (UE) al gobierno español y la división en el seno del gobierno belga en torno a su figura.
Desde entonces, ha intentado mantener presencia en los medios locales, donde ha endurecido sus críticas al gobierno español y a la UE, pero ha rebajado sus proclamas independentistas en lo que en los últimos días se consideró un cambio de estrategia y una posible moderación de las fuerzas soberanistas catalanas.
No está aún claro si esa actitud le ayudará ante los tribunales belgas. Acatar el artículo 155 con el que el gobierno español intervino la autonomía y rebajar la declaración de independencia sí ayudó a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la semana pasada para conseguir quedar en libertad provisional tras su declaración ante el Tribunal Supremo.
