El gobierno de México confirmó la muerte de 13 connacionales mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en medio del endurecimiento de las políticas migratorias en ese país.
El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, informó que las víctimas tenían entre 19 y 69 años, y que los casos se registraron en distintos estados del territorio estadounidense.
CAUSAS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS
De acuerdo con el funcionario, seis de los fallecimientos estuvieron relacionados con complicaciones médicas, cuatro fueron catalogados como suicidios, dos ocurrieron durante operativos y uno en un tiroteo.
Los casos se distribuyen principalmente en California, Georgia y Arizona, además de Texas, Misuri e Illinois.
RECLAMOS DIPLOMÁTICOS Y ACCIONES LEGALES
Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, se han enviado 14 comunicaciones diplomáticas en señal de protesta, de las cuales 12 han recibido respuesta por parte del Departamento de Estado estadounidense.
“Es un tema doloroso, desgarrador y absolutamente inaceptable para el gobierno de México”, afirmó Velasco Álvarez.
Además, con apoyo de la red consular, familias de las víctimas han comenzado procesos legales: dos demandas ya fueron interpuestas y otros casos se encuentran en distintas carpetas de integración y análisis jurídico.
POSTURA PRESIDENCIAL
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el tema ha sido planteado directamente a su homólogo, Donald Trump, en conversaciones bilaterales.
“Pedimos que se respeten los derechos humanos […] no estamos de acuerdo con estas formas de detención”, señaló.
La mandataria añadió que México insistirá en que se realicen investigaciones exhaustivas que permitan esclarecer las causas de cada fallecimiento.
APOYO A FAMILIAS Y PENDIENTES
El gobierno mexicano también informó que ha recaudado más de 22 mil dólares para apoyar la repatriación de los cuerpos y brindar asistencia a las familias afectadas.
Sin embargo, el caso abre cuestionamientos sobre las condiciones en centros de detención migratoria en Estados Unidos y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en un contexto donde las políticas restrictivas continúan impactando a la población migrante.
