El propietario del canal de televisión venezolano Globovisión fue citado a comparecer como imputado ante la Audiencia Nacional española la próxima semana en una investigación sobre presunto blanqueo de capitales de la compañía petrolera estatal PDVSA, señalaron este jueves fuentes judiciales.
Raúl Gorrín Belisario, que en enero fue incluido por Washington en la lista de más buscados por blanqueo de dinero y otros prácticas corruptas, debe comparecer ante este alto tribunal de Madrid el 26 de febrero, indicaron fuentes judiciales.
“El 26 de febrero a las 11H00 (10H00 GMT) está citado como investigado Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario”, señalaron estas fuentes.
En Estados Unidos, Gorrín ya fue acusado por una fiscalía del Estado de Florida de pago de sobornos y lavado de dinero, así como de apropiación indebida de miles de millones de dólares de la estatal petrolera PDVSA.
El caso nace de una denuncia presentada ante la fiscalía española en mayo de 2019 por siete opositores venezolanos, entre ellos Luis Parra, que pugna con Guaidó por el liderazgo de la Asamblea Nacional.
En ella denunciaban a altos cargos del chavismo y empresarios afines a ellos de presunto blanqueo de dinero procedente del desfalco de empresas públicas, entre ellas PDVSA.
El miércoles, la Audiencia Nacional también citó como testigo a Cecireé Carolina Casanova Rangel, una antigua alto cargo de recursos humanos en la empresa Electricidad de Caracas.
Asímismo, está citado a comparecer el empresario venezolano Roberto Rincón Bravo para que nombre bajo administración judicial una finca suya en las afueras de Madrid que no puede mantener al tener las cuentas bloqueadas por su investigación en esta misma causa.
Allegado al mandatario venezolano Nicolás Maduro, Gorrín adquirió Globovisión junto a otros accionistas a mediados de mayo de 2013 y emprendió un giro en su línea editorial, que antes se caracterizó por las críticas al gobierno y por dar voz a la oposición.
El grupo está bajo el foco de la justicia estadounidense, que en enero anunció el bloqueo de sus operaciones financieras bajo jurisdicción estadounidense al considerarlo implicado en “una trama significativa de corrupción” que habría generado 2.400 millones de dólares en ganancias fraudulentas.
Su propietario Raúl Gorrín también se vio afectado por estas sanciones.
