Las Organizaciones No Gubernamentales fueron en campaña uno de los blancos preferidos de las diatribas de Jair Bolsonaro. Como presidente de Brasil, les ha dedicado uno de sus primeros decretos. El ultraderechista pretende vigilar más de cerca a las ONGs, en línea con otros Gobiernos nacionalpopulistas. Su financiación estará rígidamente controlada, ha declarado este lunes el presidente sobre una medida que está dirigida, principalmente, a las que trabajan con los pueblos indígenas de la Amazonia. El mandatario tuiteó hace unos días que estos brasileños están “explotados y manipulados por las ONG”.
La tarea de “supervisar, coordinar, monitorear y acompañar las actividades de los organismos internacionales y las ONG en territorio nacional” recae en un ministro, el general retirado Carlos Alberto dos Santos Cruz, al frente de la secretaría de Gobierno, que ha explicado que el objetivo es verificar que estas organizaciones cumplen su papel de complementar el trabajo gubernamental. Todo con la intención, según ha declarado a G1, el portal del grupo Globo, de “optimizar el uso del dinero público”. El Gobierno Bolsonaro ha prometido encoger el Estado y eliminar infinidad de gastos que considera superfluos.
Al intensificar el escrutinio de las ONG que operan en su territorio, Bolsonaro se alinea con los dos invitados estelares a su toma de posesión, en Año Nuevo en Brasilia. Los primeros ministros de Israel y Hungría, que han emprendido en los últimos tiempos la persecución legal de organizaciones con financiación extranjera a las que acusan de intentar minar sus países impulsando la disidencia. Benjamín Netanyahu logró en 2016 la aprobación de una ley dirigida a frenar a las ONG que reciben dinero extranjero y luchan contra la ocupación de los territorios palestinos. La Hungría de Viktor Orban tiene desde el año pasado una norma similar, que ha conseguido que abandonara el país la fundación Soros, muy crítica con la deriva autoritaria del mandatario. Rusia es otro de los países que ha criminalizado a las ONG más combativas; lo hizo ya en 2012.
El antiguo general Santos Cruz (que se sienta con otros seis uniformados en el Gabinete) ha negado, no obstante, que el Gobierno brasileño pretenda neutralizar a las ONG: “No voy a interferir en la vida de las organizaciones, no voy a restringir nada. Pero como es dinero público, tiene que haber transparencia, resultados”.
El decreto ha causado inquietud entre las ONG brasileñas y foráneas. Juana Kweitel, directora ejecutiva de Conectas, dedicada a la defensa de los derechos humanos, recalca que “no compete a la presidencia controlar las actividades de la sociedad civil organizada, la democracia depende de una sociedad civil activa”, informa Gil Alessi. Para el director de Human Rights Watch en América Latina, José Miguel Vivanco, si la nueva norma “facilita una relación constructiva los grupos de la sociedad civil internacional y el Gobierno es bueno. Lo que me preocupa es el uso de términos como supervisar y monitorear, que sugieren una falta de entendimiento fundamental del papel independiente que las ONG juegan en cualquier sociedad abierta y democrática”.
Bolsonaro, instalado desde hace una semana en Planalto y ya gobernando, empieza a traducir en hechos, en forma de decretos, algunas de sus promesas de campaña. Son decretos temporales que el Congreso deberá ratificar en 120 días que atañen a asuntos muy simbólicos para su base electoral, en este caso a las ONG. Mientras, puede ir ganando tiempo y buscando el apoyo parlamentario necesario para afrontar los grandes desafíos como el crimen o la economía.
