Aunque quizás sea justificada por los trágicos sucesos en Siria, la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de no asistir a la Cumbre de las Américas fue desalentadora para los líderes de América Latina y el Caribe. Es probable que la perciban como la confirmación de la prolongada indiferencia de Trump hacia la región. Su discurso provocador y políticas erráticas ya han enturbiado las relaciones interamericanas y han dejado inquietos a los mandatarios del continente.
Algunas decisiones de la Casa Blanca han sido criticadas como abiertamente hostiles con América Latina, como la orden de enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México y la cancelación de programas que protegen de la deportación a millones de inmigrantes. La obsesión de Trump de construir un muro fronterizo ha sido particularmente desconcertante. También ha incomodado la amenaza del gobierno estadounidense de rehacer las reglas del comercio internacional, la imposición de gravámenes proteccionistas y la posible cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que lleva vigente veinticinco años.
Los intentos de Washington por revivir la fallida “guerra contra las drogas” no han sido bienvenidos. Lo mismo sucede con la postura intransigente hacia Cuba, una actitud que, en buena medida, ha revertido la apertura del expresidente Barack Obama, celebrada a lo largo de la región y que llevó hace tres años a Raúl Castro a su primera Cumbre de las Américas. Se espera que acuda de nuevo en esta ocasión.
Debido a la escasez de gestos o iniciativas alentadoras por parte del gobierno de Estados Unidos, no sorprende que, según un estudio de Gallup, solo el 16 por ciento de los latinoamericanos aprueban la gestión de Trump, apenas una fracción del 62 por ciento que aprobaba de Obama durante el primer año de su gobierno.
Los gobiernos latinoamericanos han elegido un enfoque pragmático en sus tratos con Washington: prefieren tolerar las idiosincrasias de Trump sin someterse a sus exigencias, a menudo desmedidas.
Un factor que enturbia aún más las aguas son las alertas que han hecho sonar algunos altos funcionarios en Estados Unidos sobre el protagonismo de China en la región, algo que ha avivado recuerdos incómodos de una era distante en la que Washington consideraba a América Latina su “patio trasero”. Muchos en la región se preguntan si el nuevo equipo del gobierno de Trump a cargo de las relaciones exteriores —de más mano dura que antes— querrá actualizar la Doctrina Monroe y así Estados Unidos se otorgue a sí mismo la autoridad para intervenir en la soberanía de los países de América Latina.
Washington insiste en que Estados Unidos sea el “socio de preferencia” de la región, al tiempo que ignora que los vínculos económicos y diplomáticos de América Latina ya son diversos y globales y que China —no Estados Unidos— es el principal socio comercial de América del Sur. Seguir por esa línea resultará ofensivo para mandatarios como el argentino Mauricio Macri o el chileno Sebastián Piñera, ambos empresarios exitosos y ahora presidentes.
Aun así, pese a la confusión y la desconfianza compartida ante las políticas y las intenciones de Estados Unidos, casi todos los gobiernos latinoamericanos han elegido un enfoque pragmático en sus tratos con Washington: prefieren tolerar las idiosincrasias de Trump sin someterse a sus exigencias, a menudo desmedidas. Los líderes de la región no están dispuestos a correr el riesgo de perder el enorme y rentable mercado estadounidense y el acceso comercial, tecnológico y financiero. Pero la ausencia de Trump en Lima dejará a la región aún más insegura respecto al futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
Sí, es una buena noticia que el vicepresidente Mike Pence acuda en su lugar, pero no es lo mismo que contar con la presencia de Trump. Los presidentes latinoamericanos quieren tener la oportunidad de conversar directamente con el mandatario de Estados Unidos, como lo han hecho sus antecesores en cada cumbre de las últimas dos décadas.
Que Trump no participe en la cumbre ha reducido las expectativas de que Estados Unidos y América Latina encuentren un modo de lidiar con el único tema donde parece haber interés común: el desastre que rodea a Venezuela. La profunda crisis venezolana se ha convertido, aunque tarde, en una preocupación para casi todas las naciones del continente. Es la prueba más importante de la capacidad de la región para la acción conjunta, pero hasta el momento solo se han generado acuerdos limitados. La sugerencia improvisada de Trump de hacer uso de la “opción militar”, en agosto de 2017, fue rechazada de inmediato en la región.
El encuentro en Lima les da a los gobernantes del hemisferio la oportunidad excepcional de discutir cara a cara qué es lo que hace falta para crear un esfuerzo regional constante y sostenido, algo que ningún gobierno puede realizar por sí solo, para presionar al gobierno venezolano a que modifique sus destructivas políticas sociales y económicas, y para que permita una apertura política significativa. También se requieren acciones urgentes de parte de los países de la región para responder a las necesidades que trae consigo el cada vez mayor influjo migratorio desde Venezuela. Tan solo en los últimos dos años un millón de venezolanos han huido de su país. Esta acción concertada no es tarea sencilla dadas las divisiones entre las naciones, la falta de cooperación entre Estados Unidos y América Latina y las fracturas de la oposición venezolana.
Había muchas razones para esperar poco de la cumbre. La ausencia del presidente Trump no era una de ellas.
Es difícil considerar una oportunidad similar en el futuro cercano para que los líderes del continente logren aunque sea un modesto avance para frenar la erosión de las relaciones interamericanas y, con ello, pongan en marcha un enfoque concertado apara detener la implosión venezolana.
