Manifestantes con banderas de Cataluña salieron este domingo a las calles de Barcelona, contra la detención en Alemania del ex presidente del gobierno regional, Carles Puigdemont, reclamado por España.
Los manifestantes se congregaron sobre las Ramblas y gritaron consignas en los que reclamaban la “libertad a los presos políticos”, se encaminaron hacia la sede de la delegación de la Comisión Europea en Barcelona.
PUIGDEMONT ES DETENIDO EN ALEMANIA TRAS EUROORDEN
El expresidente regional catalán Carles Puigdemont fue detenido en Alemania, a pocos kilómetros de su frontera norte con Dinamarca, después de que un juez del Tribunal Supremo de España emitiese hace dos días una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) o euroorden.
La detención se ha producido menos de 48 horas después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena procesara el pasado viernes a 25 implicados en el ilegal proceso independentista catalán, de los que 13 lo han sido por rebelión, entre ellos Puigdemont, a quien se le acusa también de malversación de fondos públicos y otros delitos.
Ese mismo día, Llarena decidió activar la euroorden contra Puigdemont, que el viernes estaba en Finlandia, y los exconsejeros regionales Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí, todos ellos fugados a Bélgica a finales de octubre y que aún permanecen allí, a excepción de Ponsatí que posteriormente se trasladó a Escocia (Reino Unido).
La Policía escocesa confirmó que ha recibido esa euroorden para Ponsatí y que está en contacto con sus abogados “para acordar la entrega voluntaria” de la política a las autoridades.
Los cinco están acusados de delitos de rebelión y desobediencia, que pueden conllevar penas de prisión conjuntas de 25 a 30 años y el mismo tiempo de inhabilitación, y alguno de ellos de suma la acusación de malversación, con penas de cárcel de 12 a 15 años y 30 de inhabilitación.
Fugitiva de la justicia española es también la dirigente secesionista Marta Rovira (ERC, izquierda republicana) que el pasado viernes se fugó a Suiza, y que está acusada de rebelión, un cargo con penas de 15 a 25 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación.
Sobre ella pesa una orden internacional de búsqueda y captura, ya que Suiza no forma parte de la Unión Europea (UE). La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) o euroorden sustituye entre los estados miembros de la Unión Europea al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica en España desde 2004, después de que se traspusiera a su ordenamiento una directiva europea de 2002.
El procedimiento de la OEDE persigue simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitarla.
La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias. Alemania dispone de un plazo máximo de 60 días, prorrogables a 90 en casos excepcionales, para decidir si extradita o no a Puigdemont a España.
El Código Penal alemán recoge delitos muy similares al de rebelión por el que España reclama a Puigdemont y los otros independentistas fugitivos, algo que no ocurría en Bélgica.
El 5 de diciembre pasado, el juez Llarena decidió cancelar la OEDE a Bélgica ya que su legislación no contempla el delito de rebelión por el que se le quiere juzgar en España. Puigdemont está detenido en la prisión de Neümunster, cercana a Kiel, la capital del estado federado de Schleswig-Holstein (norte), según informa el diario alemán “Bild”.
De acuerdo al sistema federal de Alemania, la competencia no corresponde a la Fiscalía federal (con sede en Karlsruhe, en el suroeste) sino a la del Estado federado de Schleswig-Holstein, donde fue detenido.
El procedimiento puede ser rápido, en caso de que Puigdemont acepte ser entregado a España, mientras que si recurre el plazo de la Fiscalía para pronunciarse puede oscilar de 15 a 45 días, prorrogables en última instancia a 60.
Los artículos 81, 82 y 83 del Código Penal alemán, recogidos en Título II de la Sección Primera sobre delitos de traición a la paz, alta traición y puesta en peligro del Estado democrático de Derecho, despejan el panorama hacia una futura extradición del secesionista.
El artículo 81 del Código Penal alemán describe que “quien menoscaba con violencia o amenaza de violencia” perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania o cambiar el orden constitucional, será castigado con pena privativa de la libertad de cadena perpetua -lo que en Alemania equivale a un máximo de 25 años- o con pena privativa de la libertad no inferior a 10 años”.
Precisa igualmente que “en casos menos graves la pena privativa de la libertad es de un año hasta 10 años”.
El artículo 82 sobre el delito de alta traición contra un Estado Federal castiga con esta misma pena de uno a diez años a quien intente con violencia o con amenaza de violencia “incorporar el territorio de un Estado total o parcialmente a otro Estado” trate de “separar una parte de un Estado” o “cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de un Estado”.
Al igual que sucede con el delito anterior, y se precisa que “en casos menos graves la pena privativa de la libertad es de seis meses hasta cinco años”.
Por último, el delito de preparación de una operación de alta traición contra la Federación (artículo 83) se castiga con cárcel de uno hasta diez años, aunque en casos menos graves esta pena será de tres meses hasta cinco años.
