Aplazar la ejecución del Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía y el Corredor en el Istmo de Tehuantepec en lo que resta del año, tal como lo pide la mayoría de los analistas en el país debido a su dudosa rentabilidad económica y social, implicará liberar recursos que permitirán al gobierno federal multiplicar por seis el número de médicos y enfermeras durante tres meses para enfrentar el coronavirus, e incrementar el gasto en pruebas contra el Covid-19 que implique triplicar los niveles alcanzados por Corea del Sur.
Así se establece a partir de un reciente reporte del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), organismo que estimó que el gasto esperado para los cuatro proyectos insignia de la actual administración es de 43 mil 197 millones de pesos en lo que resta del año.
El CIEP también calculó que duplicar el número de médicos y enfermeras en el país durante tres meses que dure la pandemia costará 14 mil 210 millones de pesos, y comprar pruebas contra el Covid-19 para llegar a los estándares de Corea (6 mil 100 pruebas por cada millón de habitantes) costará mil 790 millones de pesos.
Con esto, ambos conceptos (duplicar personal médico y más pruebas contra el virus) serán 16 mil mdp.
Así, de liberarse los recursos de proyectos de infraestructura mencionados y reorientarse hacia el sector salud, el gobierno podría pasar de 0.55 a 3.3 médicos por cada cien mil habitantes, y de 1.14 a 6.84 enfermeras por cada cien mil personas, es decir, seis veces el nivel actual.
Además, esos recursos permitirían tener la capacidad de aplicar cerca de 18 mil 300 pruebas por cada millón de habitantes, una relación que representaría el triple de las que ha sucedido en Corea del sur, considerado uno de los países modelo en la aplicación de pruebas contra el Covid-19.
En su propuesta original, el CIEP recomienda reorientar el gasto de infraestructura del Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía e Istmo de Tehuantepec hacia infraestructura básica que pueden ser iniciadas de inmediato a escala local para aminorar el impacto económico y en el empleo del Covid-19.
Sin embargo, la comparación respecto al monto al costo de ampliar el personal médico y de comprar más pruebas contra el virus da una idea del costo de oportunidad que implica mantener en operación dichas obras, en detrimento de una eventual expansión del gasto en el sistema de salud.
OTRAS MEDIDAS
En su reporte Consideraciones de política fiscal ante el Covid-19, el CIEP también propone recomendaciones puntuales para apoyar a hogares y empresas para afrontar la emergencia durante tres meses.
Para los hogares, y dado el reducido espacio fiscal del país, se propone entregar mil 500 pesos al mes a las personas de 18 años y más. Así, el costo oscilaría entre 165 mil y 397 mil millones de pesos si sólo se otorga a los adultos en condición de pobreza, o a la totalidad de esta población.
