Por mostrar lo que muchos prefieren ocultar, el periodista Esau Zavaleta fue víctima de amenazas e intimidación mientras ejercía su labor informativa en Santa María Huatulco, Oaxaca. El hecho quedó registrado en video y expone una problemática de mayor calado: el uso de la violencia como recurso para silenciar la crítica ciudadana.
LA CALLE ROTA Y LA LIBERTAD HERIDA
Mientras documentaba el deplorable estado de las calles de Huatulco —un reflejo del abandono institucional que padecen múltiples municipios en Oaxaca— el periodista fue interceptado por un ciudadano identificado como Raúl B.. En el video difundido en redes sociales, se observa cómo Barragán increpa, amenaza e intenta intimidar al reportero, incluso atravesando su motocicleta frente al vehículo de Zavaleta y desafiándolo repetidamente a golpes.
Todo ello, aparentemente, por el simple hecho de haber expuesto públicamente las condiciones del pavimento urbano.
UN “AVIADOR” MOLESTO POR LA VERDAD
Según los señalamientos del periodista, el agresor sería un presunto “aviador” del Ayuntamiento de Santa María Huatulco —es decir, alguien que cobra sin trabajar—, lo cual agrava el hecho: no se trata solo de una agresión personal, sino de un acto intimidatorio con tintes políticos, que podría involucrar responsabilidad administrativa y gubernamental.
El comunicador, tras el incidente, declaró públicamente que responsabiliza a Raúl por cualquier agresión futura que pudiera sufrir. Su mensaje fue claro:
“Nosotros no callaremos. Somos la voz del pueblo”.
AMENAZAS, UN DELITO PENAL EN CONTEXTO PERIODÍSTICO
Expertos en derecho consultados coinciden: las amenazas contra periodistas no solo son condenables moralmente, sino sancionables penalmente. El artículo 282 del Código Penal Federal contempla penas de seis meses a dos años de prisión para quienes incurran en amenazas, con agravantes si el acto está ligado al ejercicio periodístico o a funciones públicas.
Además, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas permite activar mecanismos de protección y solicitar la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
EL SILENCIO NO ES UNA OPCIÓN
Diversas organizaciones y colectivos de prensa —locales y nacionales— han condenado enérgicamente la agresión y exigido a la Fiscalía de Oaxaca una investigación a fondo. La preocupación no solo recae en la seguridad de Zavaleta, sino en el mensaje que estos actos envían: exhibir la verdad puede costar caro.
El gremio periodístico ha sido enfático: ninguna crítica social, por incómoda que sea, justifica el uso de la violencia o la intimidación.
¿QUÉ SIGUE? LA DENUNCIA, LA JUSTICIA Y LA OBSERVACIÓN PÚBLICA
Por ahora, se espera que el periodista formalice su denuncia ante la Vicefiscalía Regional de la Costa. Se prevé que organizaciones defensoras de la libertad de expresión lo acompañen en el proceso, en un contexto donde cada vez es más riesgoso informar, cuestionar y señalar lo que no funciona.
Este caso no es un hecho aislado: refleja el clima de hostilidad que viven quienes se atreven a ejercer un periodismo crítico, particularmente en regiones donde el poder político y la rendición de cuentas rara vez se encuentran.
