Adam Michnik gana el Princesa de Asturias

El escritor y periodista polaco Adam Michnik (Varsovia, 75 años), histórico director de Gazeta Wyborcza e intelectual de referencia en la transición hacia la democracia del país centroeuropeo, ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. El jurado ha destacado “su compromiso con el periodismo de calidad y su influencia en la recuperación y en la defensa de la democracia en Polonia”. Antiguo líder disidente y siempre comprometido con la libertad, es uno de los más destacados defensores de los derechos humanos en Polonia. Fue uno de los fundadores del movimiento KOR (el comité para la defensa de los trabajadores) y miembro del sindicato Solidaridad de Lech Walesa desde su creación en 1980. Su militancia la pagó con varias estancias en la cárcel, antes de fundar, tras la caída de la dictadura comunista en 1989, el diario progresista de referencia en Polonia, del que sigue siendo redactor jefe. Amante de España, donde conoció a los actores fundamentales de la Transición, se ha mostrado siempre a favor de la reconciliación nacional y el diálogo en los procesos hacia la democracia.

La llegada de la democracia a Polonia, en 1989, no neutralizó el compromiso de Michnik, que siempre ha sido muy crítico con las derivas autoritarias que golpean a Europa del Este, así como con la creciente influencia que la Rusia de Vladímir Putin ejerce sobre el territorio. Conocedor de la política rusa, ha seguido de cerca y comentado la invasión de Ucrania de este año, mostrándose muy crítico con las decisiones de Putin. “Las políticas históricas de Putin [en Rusia], Kaczyński [en Polonia] y Orbán [en Hungría] funcionaron, en el sentido que le hicieron creer a la gente que la historia era diferente de lo que era. Esto significa decir que el pasado estuvo lleno de nobleza, que, por ejemplo, Rusia nunca le hizo nada malo a nadie y que siempre fue una víctima. Cuando entraba en algún lugar, nunca era un acto de agresión sino de liberación, estaba ayudando a los perseguidos”, desarrollaba el mes pasado en una entrevista a The New Yorker.

Durante la última década ha sido opositor de Ley y Justicia, partido populista y derechista que actualmente ostenta el Gobierno polaco. Articulista de EL PAÍS, en una tribuna de febrero del año pasado denunciaba los reflejos autoritarios en Polonia, donde el Gobierno, aseguraba, intentaba estrangular a la prensa “con las tácticas de Putin y Orbán”. “30 años después de la caída del muro de Berlín, la abolición de la censura y el colapso de la URSS, la sociedad civil polaca vuelve a defender la democracia que tanto le costó conseguir frente a un Estado decidido a quitársela”, advertía. En estos años del partido ultraconservador polaco en el poder, el país ha entrado en una espiral autoritaria que le ha costado frecuentes choques con Bruselas por cuestiones como las reformas que socavan la independencia judicial. Polonia ha minado los derechos de las mujeres con la ley del aborto más dura de la UE, solo por detrás de Malta, y ha puesto en el punto de mira al colectivo LGTBI. En su intento de controlar el mensaje y la propaganda, impulsó una ley que buscaba cerrar la mayor televisión privada del país, crítica con el Gobierno, y reformó los medios públicos a su medida.

La Gazeta Wyborcza de Michnik también ha sufrido los embates del Ejecutivo de Mateusz Morawiecki en forma de denuncias del partido gobernante por supuesta difamación o enormes recortes en publicidad institucional. En una entrevista con la revista Foreign Policy en 2019, Michnik aseguró que temía por su seguridad. “Podrían enviarme una milicia a la redacción de Wyborcza. Podría encontrar drogas en mi apartamento y que el día siguiente viniese la policía a registrar mi casa”.

Pese a todo, Michnik reconoció en la reciente entrevista a The New Yorker que, en el caso de Ucrania, el Gobierno polaco había adoptado “un enfoque razonable y decente”. El Ejecutivo de Varsovia, que siempre se ha opuesto duramente a la inmigración de Oriente Próximo y África, unió fuerzas con otros Estados europeos en oposición a la invasión rusa de Ucrania, y en los últimos meses ha acogido a más de dos millones de ucranianos, según datos de la ONU.