Una jornada de búsqueda de personas desaparecidas comenzó en el patio de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, ante la presunción de que en el lugar podría existir una fosa clandestina construida entre 2011 y 2017, durante la gestión del exfiscal Edgar Veytia.
En el operativo participan autoridades estatales y federales, organismos públicos de derechos humanos y colectivos de búsqueda. Quienes realizan labores técnicas en un punto ubicado frente al estacionamiento conocido como “Los Pinos”.
La acción responde a la solicitud reiterada desde 2018 por Rosa María Jara Montes, representante del colectivo Por Nuestros Corazones. Los cuales sostiene que existen indicios de que personas desaparecidas habrían sido retenidas y asesinadas en esas instalaciones.
BÚSQUEDA CON TECNOLOGÍA Y PROTOCOLOS
De acuerdo con la activista, el terreno será intervenido por cuadrantes de 10 por 10 metros. Se utilizará georradar, se abrirán pozos de sondeo y trabajarán binomios caninos especializados para detectar posibles restos humanos.
Previo al inicio de las excavaciones se realizó un sobrevuelo con dron para identificar alteraciones en el suelo. Los colectivos advirtieron que cualquier indicio de remoción irregular de tierra derivará en pronunciamientos públicos y posibles acciones legales.
“Al más mínimo indicio de que el suelo esté removido o que las capas no estén uniformes, nos vamos a pronunciar y vamos a llegar a las últimas consecuencias”, afirmó Jara Montes.
EL CASO NICANOR Y LA “FOSA DE LOS 21”
La exigencia de revisar el patio de la Fiscalía se sustenta en datos obtenidos durante la investigación y el juicio por la desaparición de Nicanor Alejandro, hijo de la activista, víctima de las desapariciones masivas del 22 de junio de 2017.
Según su versión, él y otros cuatro jóvenes habrían sido retenidos y torturados en el inmueble. Sus cuerpos fueron localizados en 2019 en la llamada “Fosa de los 21”, en el municipio de Xalisco.
Familiares de otras víctimas también señalan que sus hijos pudieron haber sido privados de la libertad en el mismo sitio, lo que amplió la presión para una revisión exhaustiva.
ANTECEDENTES DE UNA INSPECCIÓN LIMITADA
Entre el 14 y el 17 de diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República realizó una inspección derivada de investigaciones por desaparición forzada en las que se señalaba la posible participación de agentes del Estado.
Sin embargo, los colectivos sostienen que aquella búsqueda fue parcial: no se permitió acceso a todas las áreas, algunas permanecieron cerradas con candados y no se retiraron vehículos que obstruían la exploración.
“Fue por encimita”, reclamó la activista.
El plan actual, aseguran, contempla la revisión integral de cada cuadrante del terreno y el levantamiento minucioso de registros.
EL CONTEXTO: VEYTIA, SANDOVAL Y LAS ACUSACIONES
La presunta construcción de una fosa clandestina se remonta al sexenio del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), periodo en el que Edgar Veytia encabezó la Fiscalía en medio de denuncias por amenazas, extorsiones, torturas y asesinatos. Además de presuntos vínculos con el crimen organizado.
Veytia fue detenido el 27 de marzo de 2017 en San Diego, California, acusado de conspiración para traficar drogas. En 2019 fue sentenciado a 20 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable. En febrero de 2023 declaró como testigo en el juicio contra Genaro García Luna y reconoció haber participado en homicidios y torturas.
Tras colaborar con autoridades estadounidenses, obtuvo una reducción de pena y quedó en libertad el 10 de febrero de 2025, bajo supervisión hasta 2030.
Para los colectivos, sus declaraciones fortalecen la hipótesis de que dentro de instalaciones oficiales pudieron cometerse crímenes y ocultarse evidencias.
POSIBLES RESPONSABILIDADES Y PROCESOS ABIERTOS
Rosa María Jara mantiene además un proceso penal contra autoridades, entre ellas el exsubfiscal y exmagistrado Rodrigo Benítez Pérez, por la presunta desaparición de evidencias relacionadas con personas desaparecidas.
La activista no descarta que, en caso de hallazgos, se investigue la responsabilidad de exfuncionarios, incluido Veytia y el exfiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano, quien actualmente ocupa un cargo en la Dirección General de Análisis, Información e Inteligencia Criminal.
Por su parte, la Fiscalía estatal informó que las acciones se realizan con acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los colectivos COFAUNAY, Buscadores Unidos de Nayarit y Búsqueda de Nuestros Corazones. La institución aseguró que se garantizará transparencia y apego a protocolos.
UNA EXIGENCIA QUE NO SE DETIENE
Para las familias, la búsqueda en el patio de la Fiscalía no solo es una diligencia técnica: es una prueba de voluntad institucional. La posibilidad de que en un espacio oficial se haya ocultado una fosa clandestina representa, de confirmarse, un símbolo extremo de impunidad.
“Todo lo que encontremos será registrado y llevado a las autoridades competentes, no podemos dejar nada sin documentar”, sostuvo Jara Montes.
La intervención, prevista inicialmente para una semana, podría extenderse. Los colectivos advierten que permanecerán en el sitio hasta agotar cada cuadrante del terreno.
