La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un probable daño a la Hacienda Pública por 173 millones 59 mil pesos en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), derivado de rendimientos financieros generados con recursos federales que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, como lo exige la normativa vigente.
El señalamiento forma parte del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, donde se detalla que la institución mantuvo fondos públicos en cuentas bancarias productivas y conservó los intereses obtenidos. De acuerdo con el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dichos rendimientos deben devolverse al erario federal.
Durante la auditoría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que los intereses generados con recursos fiscales son susceptibles de reintegro obligatorio, aun cuando se trate de universidades autónomas. La ASF enfatizó que la autonomía universitaria no exime del cumplimiento de disposiciones financieras federales.
El órgano fiscalizador emitió observaciones y mantiene abierto el procedimiento para que la universidad aclare la situación o, en su caso, realice la devolución correspondiente. El proceso podría derivar en la recuperación de los recursos si no se solventan las inconsistencias.
El caso reabre el debate sobre los alcances de la autonomía universitaria frente a la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos, especialmente en un contexto de creciente escrutinio al gasto federal en instituciones educativas.
CCH ORIENTE INSTALARÁ TORNIQUETES TRAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD
En otro frente, el Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente anunció la instalación de torniquetes de control de acceso, convirtiéndose en el segundo plantel del sistema en adoptar esta medida, después del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur.
La decisión se da tras el homicidio de un estudiante ocurrido en septiembre pasado en el CCH Sur, hecho que detonó un reforzamiento de protocolos de seguridad en el sistema. En el caso de Oriente, la medida también responde a un pliego petitorio entregado por estudiantes el 17 de febrero, luego de que una alumna fuera agredida en las inmediaciones del plantel.
El proyecto contempla la colocación de aproximadamente 15 torniquetes bidireccionales equipados con lectores fotográficos para registrar entradas y salidas de estudiantes, docentes y personal administrativo. Se prevé que los equipos estén instalados en abril, cuando comenzará el registro formal de la comunidad.
Si bien autoridades universitarias presentaron la medida como una acción preventiva, sectores estudiantiles han cuestionado que el control de accesos no sustituye una estrategia integral de seguridad dentro y fuera del campus.
CONTROVERSIA POR CANDIDATURA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CCH
Durante la mesa de diálogo también se abordó la candidatura de María Patricia García Pavón a la Dirección General del CCH. Estudiantes del plantel expresaron su inconformidad, al considerar que su gestión no ha atendido de manera suficiente las problemáticas internas.
La discusión se realizó en presencia de la aspirante, y los alumnos solicitaron a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que no avance en el proceso mientras no existan compromisos claros y verificables.
Autoridades universitarias recordaron que la designación de directivos en escuelas y facultades se rige por la Ley Orgánica y el Estatuto General de la institución, lo que limita la injerencia directa de la comunidad estudiantil en la decisión final.
El episodio evidencia tensiones internas en el sistema CCH, donde las demandas de seguridad y participación se entrelazan con cuestionamientos a la gobernanza universitaria.
