Durante su comparecencia en el Congreso del Estado de Oaxaca, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Anahí Sarmiento Pérez, reconoció que a nivel nacional, la entidad oaxaqueña es uno de los estados con mayor índice de matrimonios y uniones infantiles.
Además, destacó que Oaxaca presenta altos índices de casos de embarazos en adolescentes y de violencia sexual, por lo que se han fortalecido las políticas públicas para atender estos casos en coordinación con 20 instituciones del Estado.
La funcionaria añadió que en la actual administración se han atendido 11 casos que involucran a niñas y adolescentes, priorizando su protección integral y realizando las canalizaciones correspondientes con la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (PRODENNAO) y con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
“Hemos logrado entablar lazos colaborativos con la Federación para atender la violencia sexual contra niñas y adolescentes, el embarazo adolescente y los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, son tres temas que van de la mano que estamos atendiendo de manera muy puntual con las comunidades”, apuntó la secretaria de las Mujeres.
Añadió que desde 2024 existe una Comisión integrada por la Secretaría de las Mujeres, los Servicios de Salud de Oaxaca, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades y Afroamericanas.
Así como el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, la PRODENNAO y la FGEO para prevenir y atender estos casos.
Expuso que algunas de las causas que generan que existan estos casos, es que se continúa normalizando la violencia en muchos espacios. “Diciendo que es normal que a las mujeres se les venda o casen”.
LA PROHIBICIÓN
Cabe destacar que actualmente el Código Penal de Oaxaca establece que: comete el delito de cohabitación forzada de menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de quienes no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de 18 años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio o concubinato.
Al responsable de este delito se le impondrá pena de ocho a 15 años de prisión y multa de mil a mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esta sanción se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
