Ya en el segundo año de administración es necesario que el compromiso de adoptar medidas de austeridad y racionalidad, así como eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez, control y rendición de cuentas en el ejercicio de todos los rubros de gasto, no se pierdan. Si bien el próximo 2018 será muy complicado para la economía y el bienestar de los oaxaqueños, hoy se necesita de un gobierno estatal que además de la transparencia y rendición de cuentas, hagan gala de una verdadera austeridad que ayude a hacer más con menos.
Convertir en realidad estos compromisos será atender una sentida demanda de la ciudadanía, que exige castigar impunidad y corrupción, sobre todo cuando se pregona que serán años de “apretarse el cinturón”, porque la austeridad cada vez será fuerte. De ahí que el gobierno del estado encare el reto de cumplir con eficiencia presupuestal y combate a la corrupción, que permitirán canalizar mayores recursos en favor del desarrollo de Oaxaca.
Agobiados por los excesos de funcionarios de pasadas administraciones, los oaxaqueños exigen de los servidores públicos un verdadero compromiso con las aspiraciones de una sociedad sumida en los últimos lugares de educación, salud, vivienda, y otros indicadores. Los funcionarios responsables ya saben en donde deben actuar, en especial cuando se habla de reducir gastos y alentar ahorros.
En mucho ayudará la publicación de la declaración inicial y final de la situación patrimonial del gobernador del estado y de todos sus funcionarios, la creación de un Consejo Ciudadano Anticorrupción, conformado por personas de reconocida probidad y trayectoria de la sociedad oaxaqueña, no simples amigos y conocidos que solo sirvan de comparsa.
Es indudable que la percepción ciudadana sobre la corrupción es sumamente alta y si bien se han aprobado leyes que deben servir para prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas, faltas administrativas graves y hechos de corrupción, es necesario redoblar esfuerzos en todos los ámbitos.
Si bien puede concebirse como un mecanismo de articulación coordinada por parte de autoridades, cuyo mandato específico está relacionado con la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas, así como con la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y actos de corrupción, deben responder a la urgencia de corregir un marco legal frágil, sometidas en algunos casos a otros poderes a quienes, paradójicamente, debe vigilar y controlar.
Fortalecer la gobernabilidad
Oaxaca es un mosaico de problemas y conflictos que todos los días merecen especial atención, desde los conflictos agrarios, pasando por los problemas internos municipales y hasta los de carácter religioso, los cuales deben ser atendidos mediante una política de diálogo constante y apegados a la legalidad.
Si bien cada una de las peticiones de las organizaciones sociales son diversas y deben ser encauzadas, persisten expresiones que deben tener una mayor atención. De ahí el reto de mantener diálogo directo con cada una de ellas, atendiéndolas con un apego irrestricto a la legalidad, a una ideología liberal y a una profunda convicción democrática para no ceder a presiones ni a chantajes.
En ese escenario se debe insistir que nadie tiene derecho a lucrar política ni económicamente con los anhelos y la esperanza de las familias oaxaqueñas. Oaxaca merece un mejor futuro y para ello se necesita que haya el firme compromiso de trabajar por mejores condiciones de desarrollo.
A pocas semanas de que empiecen las campañas políticas, el gobierno del estado enfrenta el reto de redoblar sus esfuerzos para atender las demandas políticas y sociales que se presenten, en un ánimo de evitar que se contaminen con las expresiones que puedan surgir. Si bien el reto no será sencillo, pues todo será en la medida de las posibilidades económicas y financieras de la administración, se deberá apelar al diálogo y la conciliación con cada una de las partes involucradas para mantener canales de interlocución.
En la medida en que todos los actores trabajen para crear acuerdos, diálogos y establezcan una cultura donde la conciliación, el orden y la paz, se logrará alcanzar los tres parámetros esenciales para el desarrollo del estado. Se trata de articular una política integral que permita que los esfuerzos realizados para atender a cada uno de los grupos sociales, ahora converjan para su solución pacífica y se continúen, así como se fortalezcan acciones que permitan conseguir las metas trazadas en materia de gobernabilidad.
No es nuevo decir que en nuestro estado hay grupos que a pesar de mantener mesas de diálogo, se han expresado de manera violenta, a quienes si bien se les debe atender no se les debe permitir alterar el orden y la estabilidad política y social de Oaxaca.
