• Nueva Constitución
• Retos de la Fiscalía
La pensión alimenticia constituye un derecho fundamental de carácter personalísimo, cuya finalidad es garantizar la subsistencia digna del alimentario, por lo que resulta jurídicamente irrenunciable, intransigible e imprescriptible. Su naturaleza no responde a la mera voluntad de las partes, sino al interés superior del beneficiario -especialmente cuando se trata de niños, niñas o adolescentes-, lo que impide que pueda ser objeto de renuncia, condonación o negociación privada.
Garantizar el cumplimiento efectivo de la pensión alimenticia en México enfrenta múltiples retos estructurales, normativos y operativos que debilitan la protección real del derecho alimentario. Uno de los principales obstáculos radica en la informalidad laboral, que dificulta la determinación del ingreso real del deudor alimentario y limita la eficacia de medidas como el descuento vía nómina. A ello se suma la ocultación deliberada de bienes o ingresos, así como el uso de terceros para evadir responsabilidades, prácticas que ponen en evidencia la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización patrimonial.
Otro reto relevante es la lentitud de los procedimientos judiciales y la sobrecarga de los juzgados familiares, lo que retrasa la fijación, actualización y ejecución de la pensión, afectando directamente la subsistencia del acreedor alimentario. Asimismo, persisten criterios judiciales dispares en la determinación del monto de la pensión, generando incertidumbre jurídica y resoluciones que no siempre atienden al principio de proporcionalidad ni al interés superior de la niñez.
La falta de mecanismos eficaces de ejecución representa un desafío adicional, pues aun existiendo resoluciones firmes, su cumplimiento suele depender de la iniciativa del acreedor, quien enfrenta cargas probatorias excesivas. Aunque figuras como el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias constituyen avances importantes, su impacto aún es limitado si no se acompaña de una coordinación interinstitucional efectiva y sanciones verdaderamente disuasivas.
Finalmente, subsisten barreras sociales y culturales, como la normalización del incumplimiento y la desigualdad de género, que trasladan de manera desproporcionada la carga económica y de cuidados a las mujeres. Superar estos retos exige no solo reformas legales, sino políticas públicas integrales que fortalezcan la ejecución judicial, garanticen el acceso a la justicia y consoliden una cultura de corresponsabilidad parental.
… A VUELO DE PÁJARO
Tras refrendar el compromiso de la LXVI Legislatura de redoblar esfuerzos durante este año para atender las iniciativas pendientes, fortalecer el trabajo legislativo y culminar el nuevo marco normativo que regirá a Oaxaca, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Tania Caballero Navarro aseguró que existen iniciativas que por diversas circunstancias, continúan en análisis en las comisiones legislativas para responder a las demandas que la sociedad oaxaqueña ha planteado. Uno de los temas prioritarios es la discusión, análisis y, en su caso, la aprobación de la nueva Constitución Política, con el compromiso que se concluya en el primer semestre del año, o incluso en el marco de la conmemoración de su promulgación en febrero.
Retos
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca enfrenta retos profundos y persistentes que limitan su capacidad para garantizar el acceso a la justicia y combatir eficazmente la impunidad. Estos desafíos no solo son institucionales, sino también sociales, culturales y territoriales, lo que convierte su labor en una de las más complejas del país. A pesar del elevado número de denuncias por delitos como homicidio, violencia de género, desapariciones y delitos patrimoniales, una gran proporción de los casos no se resuelve ni llega a sentencia. Esto debilita la confianza ciudadana en la Fiscalía y desalienta la denuncia, generando un círculo vicioso en el que el delito se normaliza. Sin duda, la Fiscalía de Oaxaca requiere una transformación profunda que vaya más allá de cambios administrativos. Es indispensable fortalecer su autonomía, profesionalizar a su personal, invertir en tecnología, incorporar un enfoque intercultural y de derechos humanos, y recuperar la confianza ciudadana.
Anomalías
Entre 2020 y 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó ocho inspecciones a la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en las que dio cuenta de las irregularidades. El organismo de la Cámara de Diputados que fiscaliza el uso de los recursos públicos, advirtió desde 2020 que la rehabilitación de la Línea Z del Tren Interoceánico había arrancado un año antes con una “mala planeación” y un “proyecto deficiente”. El descarrilamiento del ferrocarril del 28 de diciembre ocurrió exhibe estas deficiencias en un tramo ya existente que corre de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz. Desde que empezó a operar, el megaproyecto acumula irregularidades en su construcción, en la gestión financiera y hasta en el arrendamiento de locomotoras.
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