La mañana de este 21 de noviembre de 2025, una mujer llegó junto con su familia a la sede de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para denunciar lo que califican como el homicidio de su hermano, Manuel V. C., de 47 años. Quien murió tras haber sido ingresado —sin su consentimiento— a un centro de rehabilitación luego del operativo gubernamental conocido como “Pescador”, realizado el 23 de octubre.
La denuncia reaviva las preguntas sobre el uso de la fuerza pública, la falta de protocolos en la detención de personas con adicciones y la operación irregular de grupos de “rehabilitación” que funcionan sin supervisión médica ni institucional.
DETIENEN A LA VÍCTIMA EN UNA ESQUINA Y DESAPARECE POR DÍAS
Según la denunciante, su hermano —quien tenía problemas de adicciones— se encontraba sentado en la esquina de su domicilio cuando fue detenido por elementos de la Policía Municipal como parte del operativo. El cual prometía rescatar a personas en situación vulnerable.
Sin embargo, la familia no supo nada de él por varios días. Con ello, aumentando la incertidumbre y el miedo.
Fue entonces cuando un hombre identificado como Héctor López Sánchez, supuesto padrino del Grupo Fraternidad del Espíritu, se comunicó con ellos para avisar que la víctima había sido trasladada a otro anexo: Fraternidad del Espíritu 4. Ubicado en la colonia Zapoteca, en la agencia Vicente Guerrero de Zaachila.
“ME DIJO QUE ESTABA BIEN”: LA VERSIÓN QUE SE DESMORONÓ
La mujer relató que el encargado del grupo, identificado como Paolo, le pedía llevar objetos personales y aseguraba que su hermano estaba estable.
“Me mandó fotos en dos ocasiones donde mi hermano estaba ya recuperándose… siempre me decía que estaba bien y respondiendo al tratamiento”, contó la denunciante.
Durante una semana, Paolo respondió mensajes y mostró imágenes de la víctima sentada y aparentemente en sesiones de terapia. Pero, en los primeros minutos de este viernes, a las 00:07 horas, la historia cambió de golpe.
“Recibo una llamada de un comandante de la Fiscalía avisándome del fallecimiento de mi hermano… me dijo que tenía dos horas de haber muerto”, narró consternada y a punto de las lágrimas.
LESIONES MORTALES: EL PARTE FORENSE QUE ENCENDIÓ LA INDIGNACIÓN
Cuando la familia llegó al Servicio Médico Forense, el impacto fue devastador. El médico legista les confirmó que la muerte no había sido natural ni accidental.
“El médico me dijo que mi hermano fue asesinado… tenía fracturas de costillas, las puntas de las costillas le perforaron los pulmones, tenía estallamiento de vaso, estallamiento de hígado y un trauma craneal profundo”, denunció.
“Por una sola de esas lesiones hubiera muerto… tengo la copia firmada del diagnóstico”, afirmó mientras mostraba los documentos.
Las imágenes que las autoridades le mostraron revelaban al hombre amoratado y con múltiples golpes. Lo que contradice la versión del anexo sobre una presunta mejoría.
EL PADRINO DESAPARECE Y SE ROMPE EL SILENCIO
Tras enterarse del fallecimiento, la mujer llamó al padrino Paolo. Quien según ella no se presentó, ni acudió alguien del centro de rehabilitación para dar explicaciones.
“Me dijo que las cosas no habían sido así… le dije que mostraran pruebas”, señaló.
El anexo habría alegado que la DDHPO estaba “enterada” y que la víctima fue enviada ahí por la institución. Lo que la familia cuestiona duramente.
“Mi hermano fue asesinado… lo único que pido es justicia. ¿Quién va a responder por la muerte de mi hermano?”, reclamó.
DENUNCIAS CONTRA OPERATIVOS Y ANEXOS: UN PROBLEMA CRECIENTE
El caso se suma a las inquietudes ya existentes sobre el operativo “Pescador”, que implicó la participación de la Policía Municipal, Policía Estatal, Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Ejército y Guardia Nacional bajo el argumento de “rescatar” a personas vulnerables.
Sin embargo, organizaciones civiles han denunciado que estos procesos terminan en anexamientos forzados, tratos crueles y violaciones a derechos humanos. Especialmente cuando se involucran centros sin regulación.
El fallecimiento de este hombre se convierte ahora en un caso emblemático que podría exponer la falta de supervisión estatal sobre estos espacios y la responsabilidad de las autoridades que realizan detenciones sin protocolos médicos o psiquiátricos.
Con información de Jesús Santiago
