Rosa María C.G., de 68 años, fue víctima de un brutal ataque armado luego de negarse a pagar el llamado cobro de piso. Su comedor, conocido como “Rosy”, fue incendiado con ella adentro por un comando que impidió a los vecinos auxiliarla. A consecuencia de las graves quemaduras, la mujer murió días después en el Hospital Presidente Juárez del ISSSTE, en la ciudad de Oaxaca.
UN ATAQUE PLANEADO
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C., el ataque ocurrió alrededor de las 03:00 horas del 24 de octubre, en el crucero entre la carretera federal 200 y el acceso a San Pedro Pochutla. Sujetos armados, a bordo de motocicletas, abrieron fuego contra el pequeño comedor de la víctima antes de prenderle fuego.
Los testigos relataron que, pese a los intentos de los vecinos por ayudarla, los agresores apuntaron sus armas para impedir cualquier auxilio. Rosa María sufrió quemaduras de tercer grado en gran parte del cuerpo y fue trasladada por paramédicos a la capital oaxaqueña, donde permaneció hospitalizada hasta su fallecimiento.
INDIGNACIÓN Y EXIGENCIA DE JUSTICIA
El cuerpo de Rosa María fue sepultado el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en su natal Zipolite, en medio del dolor y la indignación de familiares y pobladores. En redes sociales y medios locales, habitantes de la costa oaxaqueña denunciaron el incremento de la violencia relacionada con las extorsiones en la región, una práctica que —afirman— se ha vuelto cotidiana y silenciada por el miedo.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se ha informado de detenciones. Organizaciones civiles han exigido al gobierno estatal atender de manera urgente la ola de inseguridad que golpea a pequeños comerciantes y familias trabajadoras en comunidades costeras.
UN CASO QUE REFLEJA UNA CRISIS MAYOR
El asesinato de Rosa María no solo evidencia la crueldad de los grupos delictivos que operan con impunidad, sino también la vulnerabilidad de los negocios locales frente a la extorsión y la falta de protección institucional. Su historia se suma a una lista creciente de víctimas que, en distintas regiones de Oaxaca, han pagado con su vida por negarse a ser parte del crimen organizado.
