La violencia agraria entre Santa María Yolotepec y Santiago Yosondúa, en la región Mixteca de Oaxaca, volvió a estallar este fin de semana. Con ello, dejando una víctima mortal y un operativo que culminó con la detención de dos autoridades locales señaladas como piezas clave en los recientes enfrentamientos armados.
De manera extraoficial, circularon videos y testimonios sobre el despliegue de fuerzas estatales y federales que derivó en la captura del agente municipal de Buenavista, Leodegario López García, y del comisariado de Bienes Comunales de Santa María Yolotepec, Florentino Velasco. Ambos presuntamente implicados en ataques con armas de grueso calibre que mantienen en zozobra a los habitantes de la zona.
Fuentes del Gabinete de Seguridad estatal confirmaron que ambos detenidos serán trasladados a penales federales de máxima seguridad, bajo acusaciones de homicidio, desplazamiento forzado, apología de la violencia y otros delitos contemplados en el Código Penal Federal.
MÁS DE 27 ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y UN CONFLICTO SIN FIN
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó la liberación de 27 órdenes de aprehensión contra posibles implicados, entre ellos autoridades auxiliares y civiles armados. En total, se identificaron 16 objetivos adicionales dentro de la investigación federal. Entre ellas, incluyendo a la síndica y al asesor jurídico de Yosondúa, así como a cinco personas de Yolotepec acusadas de tráfico de armas.
En los teléfonos de los detenidos, según fuentes oficiales, se hallaron mensajes y registros que evidencian la compra y tráfico de armas, drogas, municiones, drones y granadas. Además del presunto uso de recursos municipales para financiar actividades ilícitas.
De confirmarse, estos hechos configurarían delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
“NO SE PERMITIRÁN INTERESES AJENOS AL BIENESTAR COLECTIVO”: SEGO
Ante la crisis, la Secretaría de Gobierno (Sego), encabezada por Jesús Romero López, emitió un comunicado en el que acusó a “grupos y actores con intereses ajenos al bienestar colectivo” de promover la confrontación entre ambas comunidades para evitar una solución definitiva al conflicto.
“El Gobierno del Estado ha sido claro y firme: la ley y el diálogo son los únicos caminos legítimos para resolver las diferencias”, subrayó Romero López.
Por otra parte, el funcionario aseguró que el Ejecutivo ha privilegiado el diálogo para alcanzar la reconciliación y que las autoridades agrarias y municipales deben actuar con responsabilidad, evitando decisiones que agraven la violencia.
“No se permitirá que intereses particulares obstaculicen los esfuerzos para construir una paz territorial duradera”, añadió el titular de la Sego, destacando que durante la administración actual se han resuelto 43 conflictos agrarios y sociales en todo el estado.
UNA REGIÓN EN ALERTA MÁXIMA
La situación en la Mixteca es considerada de “alarma máxima”. Habitantes de ambas comunidades exigen el desarme inmediato de los grupos civiles armados y la intervención directa del Gobierno del Estado para garantizar la seguridad.
Mientras tanto, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal permanecen desplegados en la zona limítrofe. Con la intención de contener una violencia que parece no tener fin y que ya ha dejado una profunda herida en el tejido social de la región.
