La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la existencia de carpetas en la FGR contra empresarios estadounidenses implicados en tráfico ilegal de diésel. Mientras que, una investigación de Reuters expone la magnitud del negocio que vincula a empresas privadas y al crimen organizado.
EMPRESARIOS DE EE. UU., BAJO LA MIRA DE LA FGR
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas diversas carpetas de investigación por huachicol fiscal —el contrabando y evasión de impuestos en la importación de combustibles— en las que figuran empresarios estadounidenses.
“Hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas al juez para obtener órdenes de aprehensión; otras tendrá que informar la Fiscalía. Pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación”, aseguró Sheinbaum durante su conferencia matutina.
La mandataria señaló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene conocimiento del caso y colabora con México en el seguimiento de una red trasnacional de tráfico ilegal de combustibles. Cuya operación habría cruzado fronteras mediante empresas fachada y esquemas de evasión fiscal.
Al ser cuestionada sobre el monto del daño al erario por el presunto robo de hidrocarburos dentro de instalaciones controladas por la Secretaría de Marina (Semar), Sheinbaum se limitó a responder que la información corresponde a la FGR.
UNA RED QUE MUEVE MILLONES DE DÓLARES
Una investigación publicada por Reuters, elaborada por los periodistas Stephen Eisenhammer, Shariq Khan y Stefanie Eschenbacher, reveló que una red de contrabando de combustible a gran escala, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), utilizó buques tanque para introducir diésel de manera ilegal a México desde Estados Unidos y Canadá, evadiendo impuestos y controles aduanales.
El reportaje identificó a la empresa estadounidense Ikon Midstream, con sede en Houston, Texas, como una pieza clave de la operación. El caso más emblemático fue el del buque Torm Agnes, que el 8 de marzo descargó alrededor de 120 mil barriles de diésel en el puerto de Ensenada, Baja California. Una terminal sin infraestructura para manejar hidrocarburos inflamables.
Según documentos y fotografías obtenidos por los periodistas, el combustible se transfirió directamente a camiones cisterna mediante mangueras en una operación nocturna. Esto, bajo la supuesta supervisión de intermediarios vinculados al CJNG.
CONTRABANDO Y CORRUPCIÓN EN PUERTOS MEXICANOS
De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, el combustible fue declarado falsamente como lubricantes industriales, una práctica que evita el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El cual puede representar hasta la mitad del valor de la carga.
Si el envío se hubiera registrado correctamente como diésel, habría generado alrededor de siete millones de dólares en impuestos.
La empresa receptora en México, denominada Intanza, fue señalada como una fachada del CJNG, dedicada a blanquear ingresos mediante contratos comerciales aparentemente legales.
Entre enero y marzo de 2025, otro buque de la misma naviera danesa, el Torm Louise, realizó cuatro viajes desde Texas a Tampico, también declarando falsamente su carga. La compañía naviera afirmó posteriormente haber roto relaciones con Ikon Midstream tras detectar irregularidades.
Las autoridades estiman que el valor del combustible ilegal que ingresa a México podría superar los 20 mil millones de dólares anuales. Lo que convierte al contrabando de hidrocarburos en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. Por encima incluso de algunas actividades relacionadas con el narcotráfico.
INVESTIGACIÓN INTERNA EN LA SECRETARÍA DE MARINA
La investigación también apunta a posibles actos de corrupción en puertos administrados por la Marina, institución que abrió una indagatoria interna el 7 de septiembre.
En marzo pasado, otro buque vinculado con la red —el Challenge Procyon— fue retenido en Tampico con 10 millones de litros de diésel a bordo. En ese operativo fueron detenidas 14 personas, entre empresarios y funcionarios portuarios.
Estos hallazgos fortalecen la hipótesis de una colusión entre crimen organizado, empresas privadas y funcionarios públicos, una trama que, según fuentes federales, habría permitido la entrada de miles de millones de dólares en combustible ilícito durante años.
ENTRE LA COOPERACIÓN BINACIONAL Y LA IMPUNIDAD
Mientras la FGR y el Departamento de Justicia estadounidense coordinan investigaciones, los casos revelan un fenómeno de alcance global que compromete tanto a actores del crimen organizado mexicano como a empresas extranjeras.
La confirmación de Sheinbaum da peso a lo expuesto por Reuters: un mercado negro del combustible que combina evasión fiscal, corrupción institucional y lavado de dinero, poniendo en entredicho los mecanismos de control y vigilancia en los puertos mexicanos.
Por ahora, la administración federal insiste en que las investigaciones continúan. Pero la magnitud del huachicol fiscal plantea un reto de fondo para la política energética, la seguridad nacional y la transparencia gubernamental.
Con información de Reuter
