En Oaxaca, la desaparición de Erick Jair Pérez Limón no es sólo una tragedia individual, sino un síntoma alarmante del estado de impunidad en el que operan ciertas autoridades municipales. El joven, conductor de taxi, fue visto por última vez el 23 de junio de 2025 tras dirigirse, según su familia, a un encuentro con el padre de su pareja sentimental, quien lo había amenazado previamente: “Te voy a mandar a levantar”.
Una semana antes, Erick ya había levantado una denuncia formal por agresiones en su contra, apuntando directamente a mototaxistas locales y a policías municipales de San Agustín de las Juntas. Según su testimonio, los agentes lo esposaron, lo trasladaron en patrullas y lo entregaron a civiles que lo golpearon brutalmente.
Ese testimonio, ahora convertido en pieza clave en la investigación, fue el último registro legal antes de su desaparición.
UN DETENIDO, MUCHAS PREGUNTAS
Meses después, la Fiscalía estatal logró presentar ante un juez a E.A.M.L., alias “Talibán”, como presunto responsable del delito de Lesiones Calificadas con Ventaja en contra de Erick. El detenido habría participado en la golpiza documentada por la víctima antes de desaparecer.
Pese a la detención, la gravedad del caso no reside únicamente en la agresión física. Lo verdaderamente escalofriante es el posible vínculo entre elementos policiacos y grupos delictivos locales que podrían haber actuado en colusión para desaparecer a un ciudadano que previamente había acudido a ellos buscando protección.
UN CASO QUE TRASPASÓ FRONTERAS
El caso de Erick Jair llegó hasta las oficinas del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que emitió la Acción Urgente 2134/2025, una medida que obliga al Estado mexicano a actuar de forma inmediata y transparente. Esta intervención internacional subraya la falta de confianza en las instituciones locales para investigar y esclarecer un crimen que involucra a sus propios elementos.
La ONU ha exigido:
Implementar una estrategia integral de búsqueda con todas las herramientas disponibles.
Investigar la posible responsabilidad de funcionarios públicos, incluyendo los policías municipales.
Garantizar la seguridad de la familia de Erick y del activista que acompaña su caso.
Presentar un informe público de avances antes del 10 de octubre de 2025.
DELITOS EN CADENA, IMPUNIDAD DE SISTEMA
El patrón es conocido y peligroso: una víctima denuncia, señala agresores, estos lo amedrentan, la policía lo detiene —no como medida de protección, sino como parte del castigo—, y luego desaparece.
A partir de ahí, inicia el silencio institucional. Las autoridades locales no actuaron con prontitud, y sólo ante la presión mediática y el involucramiento de organismos internacionales comenzó una respuesta formal. La detención de un presunto agresor parece más un gesto de contención que un acto de justicia estructural.
¿DÓNDE ESTÁ ERICK JAIR?
Mientras tanto, su familia no ha dejado de buscar. Su taxi apareció abandonado el mismo día de su desaparición, sin rastros ni señales.
Por otra parte, la posibilidad de que su desaparición haya sido orquestada por elementos de seguridad pública es una acusación gravísima que exige más que comunicados: requiere acciones concretas, responsables procesados y resultados medibles.
CONTEXTO QUE INQUIETA: ¿QUÉ FALLA EN OAXACA?
El caso de Erick no es un hecho aislado. Denuncias contra policías municipales en Oaxaca han sido recurrentes, y muchos permanecen en funciones sin sanciones visibles. La institucionalidad se tambalea cuando quienes deben proteger se convierten en actores violentos, y cuando las fiscalías actúan más como apéndices de relaciones políticas que como instrumentos de justicia.
La impunidad no empieza con los agresores, sino con la pasividad de quienes deberían impedirla.
¿Y AHORA?
El 10 de octubre vence el plazo que la ONU ha otorgado al Estado mexicano para rendir cuentas. No se trata sólo de buscar a Erick Jair; se trata de reparar un sistema que permite que jóvenes desaparezcan tras acudir a denunciar amenazas.
Y más aún, se trata de recordar que una amenaza dicha en voz baja, como “te voy a mandar a levantar”, se convirtió en un hecho, mientras el Estado miraba a otro lado.
