Ha pasado un día desde que Andrea Tamara B. A., una mujer detenida por la policía municipal de Salina Cruz, fue encontrada sin vida en una celda bajo resguardo oficial. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) mantiene abiertas las diligencias. Y continúa recabando testimonios. Sin emitir resultados concluyentes sobre las causas del fallecimiento.
En un comunicado difundido este domingo, la FGEO informó que al menos 10 elementos de la Policía Municipal ya han sido presentados para rendir su declaración ante la Vicefiscalía Regional del Istmo. Todos ellos se encontraban de turno el sábado, cuando ocurrió la muerte en los separos.
La Fiscalía confirmó que se mantiene activo el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio. Y que personal especializado en feminicidios se ha desplazado a la región para llevar a cabo peritajes con perspectiva de género.
“Serán los trabajos periciales los que ayuden a tener la certeza científica y jurídica en torno a este caso”, reiteró la FGEO en su mensaje oficial.
UNA VÍCTIMA QUE HABÍA DENUNCIADO ABUSO DEL ESTADO
El caso ha generado profunda indignación luego de que se revelara que Andrea Tamara no solo era víctima de violencia familiar, sino que también había denunciado públicamente a policías municipales, estatales y elementos de la Marina por presuntos abusos cometidos meses atrás.
De acuerdo con documentos que circularon en redes sociales, en abril de este año, Andrea y su hija menor, K. I. A. B., habrían sido víctimas de allanamiento, abuso de autoridad y abuso sexual. Este último cometido presuntamente por agentes del Estado.
Entre los señalados por la víctima se encuentra el comisario Eloy “N”. Quien habría participado en los hechos y quien, hasta ahora, no ha sido vinculado públicamente al proceso por parte de las autoridades.
Pese a la gravedad de las acusaciones, no hay registro oficial del avance de esa denuncia. Lo que incrementa el escepticismo de colectivos feministas y defensores de derechos humanos sobre el actuar institucional.
BAJO CUSTODIA, SIN PROTECCIÓN
Andrea Tamara fue detenida el viernes por presuntamente agredir a otra mujer. De acuerdo con la versión oficial, fue trasladada a la comandancia de la Policía Municipal. Donde quedó bajo resguardo. Para el sábado 13 de septiembre, fue encontrada muerta en su celda.
“Una persona del sexo femenino fue localizada sin vida al interior de una celda donde se encontraba detenida”, detalló la Fiscalía, sin ofrecer mayores precisiones sobre las condiciones del hallazgo.
Aunque las autoridades no han confirmado aún si se trató de un suicidio, negligencia o un hecho de violencia directa, el hecho de que la víctima se encontraba bajo custodia del Estado convierte al caso en una posible violación grave de derechos humanos.
EXIGENCIAS DE TRANSPARENCIA Y JUSTICIA
Colectivos de mujeres y organizaciones civiles han exigido que la Fiscalía actúe con total independencia y rapidez. También piden que se esclarezca si las denuncias previas de Andrea Tamara tuvieron relación directa o indirecta con su detención o con las condiciones que derivaron en su muerte.
Además, llaman a investigar la posible responsabilidad institucional por omisión, encubrimiento o abuso de poder, y advierten que no se trata de un hecho aislado en Oaxaca. Una de las entidades con alta incidencia de feminicidios y denuncias contra fuerzas del orden.
UNA VIDA QUE PUDO SER PROTEGIDA, UN ESTADO QUE FALLÓ
El caso de Andrea Tamara B. A. no solo apunta a una posible responsabilidad penal de los elementos policiacos involucrados, sino también a la falla estructural de las instituciones que no garantizaron su seguridad. Esto, pese a que había levantado denuncias y advertido de riesgos.
Finalmente, el tiempo corre, y la sociedad exige respuestas. A 24 horas de los hechos, la impunidad aún no ha sido descartada.
