En 2023, Oaxaca acumuló 679 delitos registrados en carpetas de investigación y averiguaciones previas relacionadas con adolescentes en conflicto con la ley. La cifra, revelada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), expone una realidad poco atendida: la creciente participación de jóvenes en actos delictivos y la falta de políticas integrales para prevenir esta situación.
Entre los delitos más recurrentes, las lesiones representaron el 24.9% del total, lo que equivale a uno de cada cuatro casos. Esta categoría incluye agresiones físicas con distintos niveles de gravedad y refleja una preocupante tendencia de violencia entre jóvenes, que puede tener múltiples causas: desde contextos familiares disfuncionales hasta la falta de acceso a educación emocional y apoyo psicológico.
EL ROBO, UNA CONSTANTE QUE SE REPLICA EN DIVERSAS MODALIDADES
El robo ocupó el segundo lugar, con un 15.6% del total de delitos, lo que se traduce en más de 100 casos en el año. Según el INEGI, esta categoría abarca modalidades que van desde el robo simple, hasta el robo a casa habitación, vehículos, autopartes, a transportistas, negocios e incluso bancos.
Por otra parte, la variedad de formas en que se comete este delito apunta a un fenómeno más complejo: la participación de adolescentes en estructuras delictivas organizadas o bien, en actos impulsivos resultado de la desigualdad social y económica. Esta estadística debería ser un llamado de atención para fortalecer los programas de prevención del delito con enfoque juvenil.
UN SISTEMA QUE CASTIGA MÁS DE LO QUE REHABILITA
El número total de delitos —aunque en apariencia no tan elevado— debe analizarse con lupa, sobre todo por lo que implica en términos de reinserción social. Expertos en justicia juvenil han advertido en repetidas ocasiones que el sistema judicial mexicano enfrenta serias deficiencias para reeducar y reinsertar a los adolescentes infractores.
La mayoría de los centros de justicia para adolescentes en el país, incluido Oaxaca, carecen de personal suficiente, programas efectivos de rehabilitación, y atención psicológica integral. Sin un acompañamiento adecuado, estos jóvenes corren el riesgo de reincidir o escalar hacia delitos más graves en su vida adulta.
MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS: LA NECESIDAD DE UNA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL
Los datos publicados por el INEGI en su informe “Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2023” deben dejar de verse como simples números. Son un reflejo de un problema social estructural que exige atención urgente: la vulnerabilidad en la que viven miles de adolescentes oaxaqueños.
En lugar de apostar solo por medidas punitivas, la solución debe pasar por el fortalecimiento de la educación, el acceso a salud mental, el deporte, la cultura y oportunidades laborales reales. Prevenir el delito juvenil implica invertir en el presente de los jóvenes, no solo en castigar sus errores.
