México es ubicado en zona de “riesgo alto” en el Índice Global de Tortura (IGT) 2025, presentado este jueves.
Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se denunciaron más de 2 mil 800 casos, que implicaron a más de 3 mil víctimas, convirtiendo a México como un país con un “riesgo alto” de perpetración de esa grave violación a derechos humanos, concluyó la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) en el Índice Global de la Tortura 2025.
En el contexto del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la organización con sede en Ginebra, Suiza, dio a conocer su ranking mundial, con base en la revisión de las condiciones de la tortura en 26 países emblemáticos, entre ellos México, al que se le ubicó en el rango de los 13 países con mayores riesgos de sufrir tortura y malos tratos.
Miles de mexicanos detenidos sufren tortura cada día en manos de autoridades. Tan solo en los tres primeros meses de este 2025 se registraron más de 300 asesinatos después de la comisión de este crimen, señalan organizaciones y especialistas.
De acuerdo con la sistematización de la información, facilitada a la OMCT por organizaciones civiles mexicanas aliadas, “la tortura en México es una práctica generalizada que ocurre en un contexto de impunidad, y que, sustituyendo al debido proceso, ha sido utilizada, entre otros fines, como método de investigación, obtención de confesiones y fabricación de culpables”.
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De acuerdo con el informe, “se han denunciado 2 mil 881 casos cuyos hechos ocurrieron entre los años 2019 y 2024, de los que derivaron 3 mil 506 víctimas”, en apego a la documentación recabada por la Secretaría Técnica de Combate de la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública.
La OMCT alertó en su informe que, en 2023, en todo el país se han tramitado 4 mil 592 carpetas de investigación, pero que sólo 18 han sido presentadas ante jueces, lo que representa el 0.1% del total de las querellas, situación que coloca a la tortura como uno de los delitos con un alto grado de impunidad.
Con base en información proporcionada por el Observatorio contra la Tortura, en ese mismo año, “sólo se dictaron 8 sentencias condenatorias por este delito y malos tratos”.
La organización resaltó que, de manera generalizada, las víctimas carecen de una defensa adecuada, además de que “los agentes de policía disuaden a las víctimas de tortura de presentar denuncias” contra perpetradores, siendo los más señalados agentes de las fiscalías estatales, seguido de elementos de seguridad pública.
