Durante la conferencia matutina de este martes, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abordó uno de los temas más delicados del sector vivienda en México: las más de 145 mil casas del Infonavit que actualmente se encuentran ocupadas por personas que no son titulares legales del crédito. La declaración se dio en el contexto de la estrategia nacional para atender las irregularidades detectadas en el parque habitacional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
La propuesta, que busca evitar desalojos y fomentar la regularización a través de esquemas de renta con opción a compra, ha sido recibida con reservas. Al considerar que podría normalizar la ocupación irregular de viviendas y afectar derechos de propiedad.
“NO A LOS DESALOJOS”, PERO NO A CUALQUIER COSTO
Al ser cuestionada por reporteros sobre si esta política no incentivaría nuevas invasiones o consolidaría prácticas irregulares, Rosa Icela Rodríguez fue tajante:
“Hay este programa del Infonavit que dice ‘no a los desalojos de las viviendas ocupadas’; nosotros agregaríamos que la excepción está en que si hay una carpeta de investigación por un despojo”.
Rodríguez aclaró que el gobierno federal no pasará por alto denuncias de propietarios legítimos y que se respetará la propiedad privada:
“Si hay un tema de un allanamiento o algo más, tendrá que investigarse”, subrayó.
Con estas declaraciones, la Secretaría de Gobernación intenta equilibrar dos derechos en tensión: el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada.
CIFRAS QUE EXHIBEN LA MAGNITUD DEL PROBLEMA
Según datos presentados por el propio Infonavit, un total de 843 mil viviendas presentan algún tipo de irregularidad. De ese universo, 168 mil ya han sido inspeccionadas, y en 145 mil se detectó que las casas están habitadas por personas que no son los titulares del crédito. Es decir, casi una de cada cinco viviendas analizadas presenta ocupación irregular.
La respuesta institucional ha sido optar por la conciliación. Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, explicó que a los ocupantes se les ofrecerá regularizar su situación mediante un esquema de renta con opción a compra, con plazos accesibles de cuatro a cinco años, y precios por debajo del valor de mercado.
Además, en caso de que los propietarios legales aparezcan y reclamen su vivienda, se les propondrá recibir otra propiedad en lugar de la suya.
CRÍTICAS: ¿LEGALIZAR LA INVASIÓN?
La propuesta del Infonavit, aunque bienintencionada desde una perspectiva social, ha despertado críticas y preocupaciones sobre su posible efecto colateral:
¿se está legitimando la ocupación ilegal de viviendas?
Especialistas en derecho inmobiliario advierten que una política que evita el desalojo y ofrece facilidades a los ocupantes podría abrir la puerta a la normalización de la invasión. Con ello, creando incentivos perversos para ocupar inmuebles deshabitados sin un marco legal.
También hay voces que señalan que esta medida representa una forma indirecta de expropiación para los verdaderos propietarios. Sobre todo si se les ofrece “otra casa” en lugar de la suya original, como si su derecho fuera intercambiable.
¿UNA RESPUESTA A LA CRISIS O UN PARCHE?
El problema de la ocupación irregular de viviendas no es nuevo. Durante años, miles de casas del Infonavit han sido abandonadas por falta de pago, inseguridad en las zonas o problemas estructurales. En algunos casos, esas viviendas terminan siendo ocupadas por familias sin alternativa habitacional.
Sin embargo, los intentos por resolverlo han sido parciales y tardíos. Esta nueva estrategia busca una salida negociada que prioriza la estabilidad social por encima del castigo legal. Pero deja pendiente una pregunta crucial:
¿qué pasará con los derechos de los legítimos propietarios, y qué garantías hay de que esto no vuelva a repetirse?
ENTRE LA JUSTICIA SOCIAL Y LA LEGALIDAD
El gobierno federal ha dejado clara su intención de evitar una política punitiva que criminalice la pobreza o la necesidad de vivienda. Pero también ha sido ambiguo al trazar límites claros entre lo legal y lo tolerado. Si bien Rosa Icela Rodríguez insiste en que las denuncias serán respetadas, la propuesta sigue sin resolver el conflicto de fondo: cómo asegurar vivienda digna sin pisotear los derechos de quienes han pagado por ella.
La regularización podría ser una solución temporal, pero si no se acompaña de una política integral de vivienda y de seguridad jurídica, corre el riesgo de convertirse en un precedente peligroso.
La vivienda no debe ser ni un botín ni un castigo. Debe ser un derecho. Pero también, un compromiso con la legalidad.
