A casi seis años de la desaparición violenta de dos hombres en San Marcial Ozolotepec, municipio de la Sierra Sur de Oaxaca, el sistema de justicia logró una condena de 28 años, un mes y 15 días de prisión contra Lázaro P.. Luego de ser hallado culpable del delito de desaparición cometida por particulares. Sin embargo, el paradero de las víctimas continúa siendo un misterio, y la impunidad sobre el resto de los involucrados persiste.
Un crimen brutal que aún exige respuestas
Los hechos ocurrieron el 22 de agosto de 2019, cuando Constancio G. R. y su hijo Diodoro J. G. M. fueron privados de la libertad por un grupo armado que irrumpió violentamente en su domicilio, ubicado en la ranchería Luz Oriente, perteneciente a San Marcial Ozolotepec. Ambos fueron agredidos física y psicológicamente antes de ser llevados con rumbo desconocido.
Las víctimas no han sido localizadas hasta la fecha. Lo que transforma este caso en una de las múltiples desapariciones que continúan sin resolución plena en las comunidades rurales de Oaxaca. Donde las estructuras criminales muchas veces operan con impunidad.
Una condena importante, pero limitada
Lázaro P., uno de los implicados, fue capturado tras una investigación encabezada por la Vicefiscalía de Control Regional, y sometido a juicio. La Fiscalía logró acreditar su participación en el delito. Por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia. Además de imponerle una multa y el pago de la reparación del daño de manera abstracta —es decir, sin haberse materializado, pues las víctimas siguen desaparecidas.
El castigo marca un avance institucional frente a delitos de alta gravedad, pero la justicia se queda corta mientras no se encuentren a los desaparecidos ni se procese a los demás responsables del crimen.
La desaparición forzada, una herida abierta en Oaxaca
Este caso revela una problemática de fondo: la persistencia de desapariciones forzadas en comunidades aisladas. Donde las víctimas muchas veces no cuentan con redes de apoyo ni visibilidad pública. La lentitud en las investigaciones y la falta de hallazgos sobre el paradero de las personas refuerzan el sentimiento de abandono entre las familias.
Finalmente, aunque la Fiscalía ha destacado el uso de técnicas científicas y protocolos especializados en este caso, la exigencia sigue siendo mayor: justicia completa, búsqueda efectiva y verdad para las familias.
