En México, los municipios indígenas enfrentan condiciones estructurales de pobreza que reflejan una profunda desigualdad histórica. Estas comunidades, mayoritariamente localizadas en zonas rurales y de difícil acceso, padecen múltiples carencias sociales: rezago educativo, falta de servicios de salud, infraestructura deficiente, y escasas oportunidades económicas. A pesar de los avances legislativos en el reconocimiento de sus derechos, la brecha entre el discurso oficial y la realidad persiste.
Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revelan que la mayoría de los municipios con mayor porcentaje de población en pobreza extrema tienen presencia indígena significativa. En entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, más del 70% de la población indígena vive en situación de pobreza, y muchos municipios presentan condiciones de marginación severa. Esta situación no solo refleja una insuficiencia en las políticas públicas, sino también una falta de enfoque intercultural que reconozca las necesidades particulares de estos pueblos.
Además, la pobreza en los municipios indígenas no es solo una cuestión económica; implica también una forma de exclusión social, cultural y política. La discriminación histórica ha limitado su participación en las decisiones que afectan su territorio, recursos naturales y formas de organización. La migración forzada, la desnutrición infantil, y la violencia estructural son consecuencias directas de este abandono institucional.
Superar la pobreza en los municipios indígenas requiere un cambio profundo: políticas públicas con enfoque territorial, inversiones sostenidas, fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias, y una participación activa de las comunidades en la toma de decisiones. La justicia social para los pueblos indígenas no puede seguir postergándose. Atender esta deuda histórica es clave para construir un país más justo, plural e incluyente.
