La Sexagésima Sexta Legislatura del Poder Legislativo local reformó la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca, para que los estacionamientos públicos y privados en la entidad reserven el 10 por ciento de sus espacios para uso exclusivo e indistinto de personas con discapacidad o movilidad limitada, embarazadas o personas adultas mayores.
Con lo anterior, se reforma el segundo párrafo y se adiciona el tercer párrafo recorriéndose en su orden los subsecuentes del artículo 24 Ter de la referida normatividad, en donde también se estipula que, a quienes infrinjan lo dispuesto anteriormente se les impondrá hasta el monto máximo de la multa establecida en la fracción I del artículo 226 de dicha Ley, asegurando de esta forma, que quienes requieran estos espacios puedan acceder sin restricciones indebidas.
De acuerdo con la Comisión Permanente de Movilidad y Transportes quien emitió el dictamen a favor, esta medida busca garantizar la asignación de espacios preferenciales en estacionamientos públicos y privados a individuos en situación de vulnerabilidad con el fin de mejorar su movilidad y facilitar su participación en la vida social, económica y cultural.
Cumpliendo con ello, con lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en México.
En este sentido, el órgano legislativo competente explicó que el porcentaje asignado para la asignación de los espacios está alineado con estándares internacionales, por lo que no busca reducir derechos de los sectores prioritarios, sino ajustarlos a una proporción más eficiente, además de ponderar los principios de accesibilidad e inclusión, asegurando con ello, que haya suficientes espacios reservados sin afectar la operatividad de los establecimientos.
En el documento además se destaca, que la movilidad es un derecho fundamental y contar con lugares de estacionamiento accesibles no solo es una cuestión de comodidad, sino una necesidad básica que garantiza su inclusión y dignidad.
Asimismo, es una cuestión clave para cumplir con la promesa de “no dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y respetar los derechos de este sector poblacional no solo es cuestión de justicia, sino una inversión para el futuro común.
