Debido a que se han documentado presuntos actos de corrupción cometidos durante las administraciones de José Murat, Ulises Ruiz Ortiz, Gabino Cué y Alejandro Murat, que han repercutido en una deuda pública muy elevada que obliga a destinar miles de millones de pesos para su pago, avanzan las investigaciones para deslindar responsabilidades y aplicar la ley.
Las auditorías que se llevan a cabo buscan sentar un precedente para evitar que las malas prácticas se repitan en futuras administraciones, pues la exigencia de justicia y claridad en el uso del dinero público sigue vigente en Oaxaca, donde la población espera respuestas concretas y acciones efectivas contra la corrupción.
Ante tales excesos, el Fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que las investigaciones contra exfuncionarios de esas administraciones continúan en desarrollo.
Derivado de las investigaciones y auditorías que realiza la Secretaría de Honestidad y Transparencia Gubernamental, así como la Fiscalía Anticorrupción, se determinan las acciones penales que se puedan aplicar.
La titular de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Leticia Elsa Reyes López, resaltó que en los sexenios de Gabino Cué Monteagudo y Alejandro Murat Hinojosa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones a sus administraciones por 21 mil 600 millones de pesos y 15 mil 885 millones de pesos, respectivamente.
Estos dos exmandatarios se fueron sin comprobar y enfrentan procedimientos administrativos de ejecución por el orden de los 19 mil 399.8 millones de pesos.
Con Cué Monteagudo, la ASF inició procedimientos administrativos de ejecución por el orden de los 12 mil 521.1 millones de pesos y tiene pendiente por aclarar 493.2 millones de pesos. Y con Murat inició procedimientos administrativos de ejecución por 6 mil 878.7 millones de pesos.
Diversas voces exigen una revisión exhaustiva de las finanzas y el ejercicio del gasto público durante ambas administraciones, con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción que habrían afectado el desarrollo del estado.
Organizaciones civiles y actores políticos han demandado que se investiguen posibles actos de corrupción en proyectos estratégicos, como el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y la modernización de infraestructura carretera.
Ante este panorama, legisladores, activistas y ciudadanos han exigido la intervención de la ASF y otras instancias fiscalizadoras para esclarecer el destino de los recursos públicos durante estos dos sexenios.
