VÍCTOR MANUEL AGUILAR GUTIÉRREZ
La corrupción es un mal que aqueja al ejercicio del poder, independientemente de partidos políticos e ideologías. La corrupción se da cuando el gobernante o servidor público abusa de su poder o posición para, en contrario al bien común o función que desempeña, busca un bien personal contraviniendo la ley o su función. Cuando esta práctica se agudiza, provoca la disfunción de las instituciones. Para prevenir este mal que daña la función pública, se han establecido organismos y procedimientos aprendidos de las mejores prácticas que han dado buenos resultados en México y en otros países.
Lo cierto es que la idea de terminar con la corrupción por decreto es un engaño. El mero discurso no detiene la corrupción, ni revela la firme intención del gobernante de terminar con ella. Son las acciones que se traducen en resultados lo que sí manifiesta una firme decisión de combatirla.
Los pasados gobiernos que el actual régimen llama “neoliberales” avanzaron de manera importante en la creación de instrumentos y mecanismos para combatir la corrupción. De 1982 a 2018, se creó un marco legal que visibilizó el problema y buscó combatirlo, como cuando se reformó el Título IV de nuestra Constitución, o la creación de organismos que permitían atender el problema como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, los Tribunales de Justicia Administrativa y el Sistema Nacional Anticorrupción. También se crearon organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que permitieron a los ciudadanos tener información real del ejercicio del poder y presupuestos más allá de los discursos políticos. De esa manera se supo en el sexenio de Vicente Fox, sobre el escándalo de las toallas llamado “Toallagate” (poco más de $3 mil 600 pesos según el tipo de cambio de aquel entonces) y la Biblioteca Vasconcelos (mil 300 millones de pesos); en el sexenio de Felipe Calderón, la barda de la refinería bicentenario en Tula (500 millones de pesos) y la estela de luz (más de mil millones de pesos); en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la llamada “Estafa Maestra” (más de 7 mil millones de pesos) y el escándalo de Odebrecht (Odebrecht pagó en México sobornos por US$10,5 millones, obteniendo beneficios de US$39 millones); y en el reciente sexenio de López Obrador, el caso SEGALMEX (15 mil millones de pesos) y la opacidad en las obras emblemáticas de esta administración como el tren maya, el aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas.
De 2018 a la fecha, existe resistencia en transparentar el ejercicio de la función pública, con el argumento de no dar elementos a los adversarios políticos para criticarlos. Se olvida que el sustento democrático y republicano es precisamente el equilibrar al poder mediante el escrutinio público de éste por los ciudadanos. El gobierno busca escudarse en un pueblo anónimo y sin voz, y desprecia y calla al ciudadano con nombre y apellido que tiene voz y la ejerce.
Las obras del sexenio pasado se caracterizaron por escudarse en una declaratoria de seguridad nacional para esconder sus datos. El presupuesto y encargo de su construcción se encomendó a la Defensa Nacional. La medida arriesga a una institución que es bien vista por la ciudadanía a ser cómplice de actos de corrupción a gran escala.
Resulta preocupante como sociedad que, aunque es evidente y padece las consecuencias de la corrupción o de malas decisiones gubernamentales, como en el caso del sector salud o seguridad pública, exista un silencio cómplice. Es como si el abuso en los programas sociales fueran un soborno social para callar o pasar por alto los abusos y errores de la administración.
A ningún gobierno le gusta transparentar sus acciones y ser sometido al escrutinio público. La transparencia y el combate a la corrupción son triunfos de la ciudadanía. Existen diversas organizaciones ciudadanas que se han interesado y han trabajado en estos temas. En los últimos años estas organizaciones han sido atacadas y descalificadas desde el poder.
El llamado a las autoridades es pasar a los hechos, aplicando con profesionalismo e imparcialidad los instrumentos con los que ya cuenta, con visión preventiva.
El combate real a la corrupción es un requisito fundamental para la prosperidad de una nación y el establecimiento de un estado de derecho que busque el bien común y la justicia.
X: @aguilargvictorm
