La revelación de que el tránsito de migrantes en Oaxaca genera ganancias a bandas locales de hasta 700 mil pesos semanales, debe obligar a los tres niveles de gobierno a redoblar las acciones para lograr un combate realmente efectivo. Nuestro estado no puede seguir siendo escenario de uno de los más deleznables delitos cuya impunidad debe ser desterrada.
El trasiego de migrantes es un fenómeno global que afecta a millones de personas en busca de mejores oportunidades o protección ante conflictos, pobreza y violencia. Sin embargo, este flujo migratorio también es aprovechado por redes de tráfico humano que operan en la clandestinidad, poniendo en peligro la vida y la fe de los migrantes. Combatir este problema requiere un enfoque integral que combine medidas de seguridad, cooperación internacional y acciones en los países de origen, tránsito y destino.
Por ello es esencial fortalecer los controles fronterizos de manera ética, garantizando que los derechos humanos sean respetados en todo momento. Esto incluye la capacitación de las fuerzas de seguridad para identificar y desmantelar redes de tráfico sin criminalizar a las víctimas. Además, la implementación de tecnologías avanzadas, como sistemas de vigilancia y bases de datos compartidas, puede facilitar la detección de actividades ilícitas.
La cooperación internacional es clave para enfrentar este desafío, ya que el trasiego de migrantes trasciende fronteras. Es necesario fomentar acuerdos bilaterales y multilaterales que permitan el intercambio de información, la extradición de traficantes y la armonización de leyes contra el tráfico humano.
El combate al trasiego de migrantes no es una tarea sencilla, pero con un enfoque coordinado y centrado en los derechos humanos, es posible reducir este flagelo y proteger a las personas más vulnerables. En los países de origen, es fundamental atacar las causas estructurales que empujan a las personas a migrar, como la pobreza, la falta de empleo y la violencia.
Y en los países de destino, se deben implementar políticas migratorias inclusivas que permitan una integración digna de los migrantes, evitando su marginación y explotación. Esto incluye acceso a servicios básicos, oportunidades laborales y vías legales para la regularización.
Planeación urbana
Debido al crecimiento urbano anárquico que se ha presentado en las ciudades, es necesario tomar decisiones transformadoras que respondan a la nueva agenda urbana, al desarrollo sustentable y mejor calidad de vida para los ciudadanos. Por ello, se deben desarrollar e impulsar en el interior de las ciudades aquellos espacios que están vacíos en lugar de seguir creando a las orillas, es una estrategia de compacidad y evitar crecimientos anárquicos porque es más caro llevar servicios a las lejanías que ampliar los que ya existen, además de que las distancias largas disminuyen la calidad de vida de la gente.
Ordenar el crecimiento de asentamientos humanos, dotarlos de equipamiento urbano, infraestructura y servicios necesarios para propiciar su desarrollo es una tarea de todos quienes están inmersos en el tema. En nuestra capital como en las principales ciudades del estado, los asentamientos espontáneos, marginales, descontrolados o informales son formas de hábitats precarios establecidos en su mayoría en zonas urbanas.
Estos asentamientos son creados por un sector de la población sin los permisos de los organismos competentes, con un reducido ingreso económico, que al construir de forma ilegal, fomentan la exclusión, por ser zonas sin dotación de servicios básicos, carentes de planificación.
Aunado a ello, la marginación es un elemento que influye significativamente en el tema de vivienda, pues deriva de la combinación de una enorme dispersión poblacional en una superficie que es en 70 por ciento montañosa, lo cual implica gran dificultad para hacer llegar la infraestructura social y productiva a las localidades, así como el encarecimiento de los bienes y servicios.
Ante la explosión demográfica es necesario consolidar la planeación del crecimiento urbano de las ciudades medias del estado, detener el crecimiento desordenado a través de instrumentos que permitan establecer los usos y destinos de suelo, así como establecer las zonas de crecimiento habitacional, son prioridades que no se han logrado atender.
