Este miércoles, un grupo de ejidatarios de la agencia Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, se manifestó frente al Palacio de Gobierno para reiterar su rechazo al programa de manejo que las autoridades estatales trabajan luego de la digitalización de los anexos del decreto estatal de 1992 sobre la reserva ecológica Cerro del Crestón -Cruz Blanca- Fortín.
Aunque tenían prevista una audiencia con el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y el consejero jurídico del gobierno estatal, Geovany Vásquez Sagrero, las decenas de ejidatarios protestaron por algunos minutos en espera de atención.
Ahí, Ramiro Santos Cruz, ejidatario de la agencia Pueblo Nuevo, explicó que está manifestación es el seguimiento a las desarrolladas desde diciembre, en la que han exigido la abrogación del decreto hecho en el sexenio del ex gobernador Heladio Ramírez López.
Ahora lo que se busca es que el gobierno acepte los acuerdos de las asambleas de los ejidatarios, así como de más colonias que se localizan en el polígono de la reserva. Aunque no especificó qué acuerdos se tomaron, en los carteles de la manifestación se mostraba el rechazo al decreto y al plan de manejo que se trabaja desde la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad.
“La maestra Karime Unda (titular de la secretaría) quiere echar a andar un proyecto de manejo sustentable para esa reserva natural y sentimos que vamos a ser afectados en nuestra propiedad”, dijo.
Fue en septiembre del año pasado cuando autoridades estatales informaron sobre la digitalización de los anexos del decreto, así como del área que comprende la reserva y que hasta entonces se desconocía con certeza.
En su momento, tras informar sobre la digitalización de los anexos del decreto, el consejero jurídico del estado, Geovany Vásquez Sagrero, y la secretaria de Medio Ambiente, Karime Unda Harp, reiteraron que no se expropiará el área, sino que se dará certeza jurídica a los propietarios. También, que se hará el plan de manejo con base en la constitución de un órgano que incluya a propietarios, autoridades municipales y estatales, ambientalistas, entre otros.
