Los tiempos que vivimos y los desafíos que abrazan a México y Oaxaca exigen el concurso de todos para generar certidumbre en la ciudadanía para garantizar el cabal cumplimiento del imperio de la Ley y la vigencia de una sólida ética democrática. Tal llamado a privilegiar el respeto absoluto al estado de derecho debe ser atendido por todos los sectores, pues es la única forma de alentar una convivencia armónica y ordenada.
De poco o nada han servido los llamados y exhortos a deponer actitudes beligerantes de estos grupos, como tampoco la de construir juntos, sociedad y gobierno, un nuevo espacio para dialogar con respeto a la Ley, y encontrar a través de una comunicación permanente la solución a los problemas ancestrales y emergentes, con el único límite que supone la capacidad financiera del Estado y la legalidad de las demandas planteadas.
En sus apetitos monetarios insatisfechos, estos grupos insisten en presionar, en alterar el orden, en ejercer presión como carta de presentación. Insisten en generar caos, anarquía y un clima de zozobra que reclama la inmediata intervención de las autoridades para aplicar la ley y empezar a desterrar la impunidad.
Es indispensable la construcción de consensos y medidas de solución a los problemas que vive el estado, bajo un clima de madurez y civilidad política entre el Gobierno y los diversos actores sociales, con el objetivo de construir un entorno de libertad, paz, seguridad y armonía, así como devolverle la convivencia democrática a la entidad y equilibrar los derechos de todos los integrantes del tejido social oaxaqueño.
Estos grupos que han hecho de la presión y el chantaje su forma de vida, mantienen agobiado al Gobierno del Estado, a las autoridades municipales y han desquiciado por completo la vida cotidiana de los oaxaqueños, pues lo mismo toman oficinas y dependencias públicas que bloquean calles, cruceros y carreteras con tal de ejercer presión y alcanzar sus objetivos.
Impulsar silvicultura
Es necesario implementar acciones gubernamentales efectivas que empoderen a las comunidades dueñas de los bosques, impulsen la gobernanza local y afiancen el tejido social, con el fin de avanzar en la conservación, la restauración y el manejo sostenible de los recursos forestales y de los suelos.
México se comprometió́ en el Acuerdo de París a lograr una tasa de cero deforestación al 2030, sin embargo, nuestros recursos forestales continúan perdiéndose y degradándose por políticas públicas erróneas y por el avance de un modelo depredador que impulsan los grandes proyectos vinculados con la minería, la agroindustria, el turismo y el desarrollo urbano.
Ante ello, es necesario crear una estrategia nacional que estimule la adopción de buenas prácticas de manejo del territorio que permita: fortalecer la gobernanza; impulsar el manejo forestal comunitario sustentable; evitar la tala ilegal y los incendios; hacer más eficiente el manejo de plagas; y detener la degradación y erosión del suelo, en beneficio de todos los mexicanos y, particularmente, de las comunidades indígenas.
Impulsar una estrategia que permita revitalizar la economía forestal comunitaria mediante el apoyo al manejo sustentable de los bosques y el desarrollo de cadenas locales de valor, con el objetivo de superar la crisis económica del sector forestal que, en términos reales, promueve el cambio de uso de suelo y contribuye al déficit de la balanza comercial nacional con más de cinco mil millones de dólares anuales.
Así como replantear el actual esquema de subsidios al sector forestal -que hasta ahora ha sido ineficaz en el fomento de un buen manejo de los bosques, en detener el cambio de uso de suelo y en activar la economía forestal- apostando por apoyos encaminados al desarrollo de capacidades productivas sustentables.
Rediseñar el esquema de pago por servicios ambientales de la Comisión Nacional Forestal, enfocándolo en fortalecer el manejo sustentable de subcuentas y micro cuencas para una provisión efectiva de servicios ambientales con visión de largo plazo.
