Hoy no se puede entender la gestión pública sin la participación de la sociedad civil, que impulse y alimente la cultura de la legalidad como la vía para frenar la violencia, la inseguridad, la impunidad y la corrupción en México. Si bien los gobernados debemos cumplir la ley por convencimiento, la autoridad está emplazada a que con sus acciones ponga el ejemplo.
Es necesario que los servidores públicos se comprometan a buscar resultados, pues dada la magnitud del problema, las autoridades deben ser incluyentes y colaborar con todos aquellos que estén dispuestos a participar activamente en la reducción de la violencia. Todo esto antes de que sea demasiado tarde y continuemos con nuestras lamentaciones.
En momentos en que la delincuencia parece ganar la guerra a los gobiernos es importante sumar esfuerzos, instituciones y sociedad, para impulsar resultados concretos, pues los atracos son cotidianos, no hay capacidad de respuesta porque no hay policías suficientes y los pocos que hay carecen de estrategia. Hay que modernizar, capacitar y recuperar a la policía, que es una institución decisiva para la prioritaria lucha contra el crimen organizado; fortalecer la justicia; reformar el pésimo sistema penitenciario; reducir la tenencia de armas cortas y al mismo tiempo, pasar del enfoque sólo policial del problema a uno más amplio que responda a su complejidad.
Diversas voces se han alzado para demandar al Gobierno Federal su respaldo para garantizar la paz y seguridad que se requiere para la participación ciudadana, sino que este clima se generalice a diario, porque la vida cotidiana de miles de personas se está viendo afectada. Los oaxaqueños demandan seguridad física y patrimonial, tanto para la vida diaria porque todos salen a trabajar, tienen hijos en la escuela y quieren un ambiente sano lejos de la violencia, como por ser un elemento indispensable para alcanzar progreso y desarrollo.
Basta de presiones
La ciudadanía está cansada de seguir siendo rehén de organizaciones y grupos de presión que han encontrado en la violencia su forma de operar para presionar y obtener sus pretensiones políticas económicas. Por eso, confía exista el firme compromiso de no ceder al chantaje mucho menos a la impunidad de quienes arropados en la muchedumbre cometen ilícitos.
Los oaxaqueños desean el respeto irrestricto de los derechos y libertades públicas y civiles, así como el respeto a los derechos y libertades de terceros. No poner en riesgo la paz pública, los servicios básicos, ni las actividades productivas de fuerte repercusión en la economía y bienestar de la sociedad, así como restaurar la confianza en las leyes y las instituciones, mediante un ejercicio democrático y socialmente responsable de los actos de autoridad; en suma, mantener el Estado de Derecho y el orden público.
Nunca como ahora se necesita convocar a las organizaciones sociales, partidos políticos y magisterio a devolverle la convivencia armónica a los oaxaqueños que desde hace varios años padecen un clima de constante confrontación. Solo con el concurso de todos podremos alcanzar que este año sea venturoso para todos los oaxaqueños, donde las diferencias se puedan dirimir por medio del diálogo y la conciliación, en un marco de apego a la Ley y de respeto a los derechos de terceros.
Ante un escenario de crispación social que se vive en diversas entidades del país, en Oaxaca se necesita equilibrar los derechos de todos los integrantes del tejido social, construir consensos y medidas de solución a los problemas que vive el estado, bajo un clima de madurez y civilidad política entre el Gobierno y los diversos actores sociales. Nuestro estado debe recuperar de una vez por todas, el Estado de Derecho, libertad, paz, seguridad y armonía.
Un estado modelo en el ejercicio amplio de las libertades públicas y los derechos humanos, así como la construcción de un entorno de concordia, pero sobre todo, en la aplicación estricta de la ley para desterrar cualquier acto de impunidad.
