Ante los excesos cometidos por políticos, ha llegado el momento de dignificar la carrera política, evitar que el descrédito de todos ellos siga en aumento y poner límites a cada uno de ellos. El noble oficio de la política ha sido profundamente desgastado y convertido en una práctica con mala fama que actualmente ha adquirido una mayor dimensión y que exige de la sociedad una mayor participación para evitar que continúen tales excesos.
Es momento de que la clase política se ponga límites, pues siempre busca su propio beneficio y siguen exhibiendo una enorme rapiña por los recursos económicos de que gozan y los prolonguen a sus familiares, en un exceso que debe ser sancionado por la ley. Salvo honrosas excepciones, se la pasan deambulando de un cargo de representación popular para amasar fortunas, pero jamás responder a las aspiraciones de sus representados.
La política y los políticos han perdido credibilidad, hasta ser considerados un problema para la ciudadanía ante la falta de propuestas, groseras descalificaciones y mentiras como forma de ejercer el poder. Se pasa del servicio a los ciudadanos a servirse de los ciudadanos. Ante el enorme descrédito que arrastran los legisladores, es necesario implantar un código de ética, dignificar sus tareas y actividades para que no haya abusos.
Ante la muy cruda realidad de que la sociedad no cree y no confía en la política, los políticos, los partidos y el propio Gobierno, urge se tomen diversas medidas que inicien un proceso de búsqueda de credibilidad y confianza en las instituciones electorales y de Gobierno.
Se trata que los ciudadanos no se sientan atrapados en las estructuras políticas y que sientan y sepan que después de elegir a sus gobernantes, hay procedimientos y mecanismos de intervención social para obligarlos a cumplir sus promesas y a exigirles honestidad y eficiencia.
Nuestros políticos suponen que una vez electos, son intocables e inamovibles, que los votantes les han concedido casi una “patente de corso” y que están ahí para mandar, mientras que el pueblo está para “callar y obedecer”.
Violencia electoral
Más de 129 casos de violencia política contra funcionarios se registraron en todo el país en el pasado ciclo electoral, lo que ha provocado que algunos expertos la califiquen como la transición política más violenta. En este escenario, Oaxaca ocupó el séptimo lugar de la tabla nacional, con 13 hechos contra aspirantes y candidatos a puestos de elección popular.
El Informe final de Violencia Electoral en México derivado del Proceso 2024, establece que fueron las más violentas de las que se tiene registro en el país, dado que la violencia electoral fue una constante durante todo el proceso electoral. Puede atribuirse a diversas causas entre las que se encuentran disputas políticas, incluso entre mismos partidos o fuerzas opositoras, o por disputas económicas y de control territorial de grupos criminales que realizan actividades ilícitas de distinta índole.
La incidencia de la violencia se centra principalmente a nivel municipal, aunque en general está muy focalizada a ciertos territorios del país, en donde advierten que en algunas entidades la violencia electoral se ha generalizado de una manera más amplia, registrando todo tipo de agresiones violentas contra aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral.
A pesar de lo anterior, los partidos políticos han mostrado poco interés en prever y atender situaciones de violencia que impactan a sus candidaturas, como tampoco existen registros de que hayan realizado las denuncias correspondientes a las autoridades pertinentes cuando registraron algún tipo de agresión contra sus candidaturas, de donde sabemos que la mayoría de los ataques se dieron a nivel municipal, pero minimizar o no atender el problema en este momento puede alimentar que la violencia siga escalando de cara a nuevos procesos electorales.
Ante la creciente violencia en los procesos electorales, la construcción del conocimiento acumulativo y la apertura de la voluntad política son dos de los factores más importantes para diseñar estrategias que permitan combatir y mitigar la violencia electoral.
