A dos años de que presentó la iniciativa ciudadana para tipificar como delito el traspaso, venta o renta de la vía o espacios públicos y de que esta no se ha legislado, el Comité por la Defensa de los Derechos Colectivos Ciudadanos Oaxaqueños interpuso un amparo (1023/2023) en contra del congreso local.
Asimismo, interpuso otro (544/2024) en contra del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez porque tampoco ha dictaminado sobre la propuesta del mismo comité para la creación de la Unidad de Participación Ciudadana para el Combate a la Corrupción Municipal.
Este sábado, el comité rindió cuentas a la ciudadanía sobre esta iniciativa por la que en 2022 realizó la consulta y consiguió así el respaldo de 5 mil 400 personas.
Este sábado, en conferencia de prensa, el presidente del comité, Armando Figueroa, señaló que por los dos amparos los jueces federales le dieron la razón al comité y a la ciudadanía. Sin embargo, y aunque ya venció el plazo para que responda el congreso local, este ha omitido nuevamente su responsabilidad, como lo hizo al no considerar la iniciativa ciudadana.
16 de octubre del 2023 contra el congreso del estado. La resolución del juez federal fue el 11 de junio y fue notificado el congreso. A la fecha el congreso no ha notificado su respuesta.
Ante esto explicó que seguirán la ruta legal para que las y los diputados del estado aprueben está iniciativa, ya que en el caso de la ciudad de Oaxaca el espacio público ha sido objeto de usufructo de parte de personas y organizaciones que se aprovechan de la necesidad económica.
En el caso del ayuntamiento, detalló que el plazo para que el cabildo responda vence este martes. El amparo en contra del cabildo fue interpuesto el 15 de mayo del 2024. El juez federal respondió el 24. El 2 de julio será la audiencia constitucional.
Luis Arturo Ávalos Díaz, quien fue regidor de mercados y comercio en vía pública en la administración 2019-2021, refirió que el ayuntamiento ha omitido su responsabilidad y caído en una incongruencia. Esto debido a que aunque se ha definido como una ciudad educadora y tiene una coordinación para ello, limita la participación ciudadana que engloba su programa de ciudad educadora.
Asimismo, señaló que en cuestión del comercio en vía pública, ha habido complicidad entre funcionarios y cerca de 50 organizaciones para el uso del espacio público. Incluso si se viola el reglamento en la materia, como sucede con las expo ferias en la calle Constitución, en el centro de la ciudad.
