La violencia que se desató entre habitantes de La Raya con integrantes de la Sección 22 de la CNTE, es consecuencia del hartazgo social que se vive por los abusos y excesos cometidos por los sindicalistas que a través del chantaje y presión buscan obtener sus demandas. Los agravios a los ciudadanos que nada tienen que ver con sus demandas ha originado que cada vez más sectores reclamen la inmediata intervención de las autoridades para restablecer el estado de Derecho y las garantías individuales de cada uno de los oaxaqueños.
Ha llegado el momento de llamar al orden a líderes y organizaciones sociales que han abusado de la libertad de manifestación, y en sus afanes, han quebrantado la paz social y la dinámica económica del estado. Si la convocatoria es para ceñirnos a las leyes, reglamentos y causes institucionales que regulan la convivencia armónica de todas las expresiones de nuestro tejido social, urge que maestros, sindicatos y las organizaciones asuman el papel que les corresponde.
El Estado de Derecho se expresa y realiza en la norma legal, pero también en la definición y el funcionamiento efectivo de las instituciones, así como en la cultura y las prácticas políticas de los actores. En el Estado de Derecho prevalece el gobierno de las leyes sobre el arbitrio de los hombres, al tiempo que se reconocen y garantizan las libertades de los ciudadanos.
Por ello, es un patrimonio común que debe ser creado, protegido y consolidado responsablemente por todos los actores políticos. Es una plataforma compartida que previene y, en su caso, castiga las arbitrariedades de la acción política, a la vez que ofrece certidumbre y orden políticos. Los tiempos que vivimos y los desafíos que abrazan a México y Oaxaca exigen el concurso de todos para generar certidumbre en la ciudadanía para garantizar el cabal cumplimiento del imperio de la Ley y la vigencia de una sólida ética democrática.
Abatir corrupción
Los diversos sectores de la sociedad han solicitado desde hace mucho transparentar la aplicación del presupuesto en todos los órdenes de gobierno y exhibir los actos de corrupción que dichos mandatos estén cometiendo. Por ello, no exigen otra cosa que no sea el cumplimiento de aquello a lo que el Poder Ejecutivo está obligado, ya que el combate a la corrupción no admite más prórrogas o simulaciones.
A nivel nacional y estatal se ha enarbolado desde hace muchos años el combate a la corrupción, ya que es uno de los grandes males que nos aquejan como país y en nuestro estado. De ahí que no se puede seguir simulando o dilatando el combate a la corrupción, ante el riesgo de frustrar un anhelo de la sociedad oaxaqueña.
Es indudable que Oaxaca está preparada para extirpar este cáncer que lacera las entrañas mismas de nuestra sociedad y que contribuye a una sangría millonaria de recursos que en lugar de ser aprovechados para el desarrollo y el sustento de las familias, se va de forma directa hacia las cañerías de la corrupción económica, moral y política.
Abatir la corrupción genera efectos nocivos y abatirla solo será posible con el esfuerzo de todos, por eso se necesita elaborar y ejecutar políticas públicas integrales encaminadas a la prevención, detección y sanción de las conductas constitutivas de responsabilidades administrativas y actos de corrupción, así como a la fiscalización y control de recursos públicos, que incidan en todas y cada una de las instituciones.
La consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción representa una gran oportunidad para abatir la corrupción, pero a la vez una demanda social que debe ser cumplida y un compromiso mayúsculo para todos y cada uno de los miembros que participen en este proceso. El reto más importante para el gobierno es abatir la corrupción que permea en la esfera política-administrativa y que tiene efectos en la sociedad mexicana.
