El ambientalista Carlos Morales, fundador y presidente de la asociación civil Colmillo Blanco, consideró que en el estado de Oaxaca y en el país las autoridades carecen de un interés real por preservar el medio ambiente y por devolver o pagar a la naturaleza por los bienes que nos ha proporcionado.
Asimismo, calificó que la omisión de las autoridades ante los problemas ambientales o la desatención a las sentencias judiciales es también una manera de atentar contra la Madre Tierra. “Son los que más están perjudicando”, señaló.
La falta de leyes o la no aplicación de estas, lo mismo que la falta de interés del funcionariado, han obstaculizado el cuidado del medio ambiente, refirió.
En la parte legislativa, de manera local o regional no existen leyes o iniciativas que obliguen a las autoridades a que parte de los presupuestos que se obtienen por los servicios que nos prestan gracias a la naturaleza se le retribuya a estas áreas”.
La humanidad depende del agua, del aire, de las temperaturas y otros bienes o condiciones que da la naturaleza, explicó el activista. Sin embargo, remarcó que aunque son cobrados como servicios por los gobiernos, no existe un “pago” a la naturaleza y así se repongan los beneficios, por ejemplo, a través de la reforestación.
Les estamos dando dinero a los políticos, pero no le estamos pagando realmente a la naturaleza”, detalló, al momento de llamar a la reflexión sobre la necesidad de que a nivel constitucional se garanticen recursos para la naturaleza en pro del mismo beneficio de la humanidad.
Este 22 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra, declarado como tal en 2009 por la Organización de las Naciones Unidas para llamar a reflexionar y la actuación ante el cambio climático y otros cambios generados por la humanidad en la naturaleza. Es un llamado a la restauración de los ecosistemas.
Morales, conocido por reforestar el Cerro del Fortín, también señaló que aunque existen algunas leyes ambientales ha persistido la apatía de los funcionarios, quienes incluso no han acatado sentencias federales como la que desde 2019 obliga al rescate de los ríos Atoyac y Salado
