El día de ayer la primera plana de EL IMPARCIAL, El Mejor diario de Oaxaca, se dio cuenta de una investigación del periodista Andrés Carrera respecto a los programas o acciones de desarrollo social operados por la administración pública y destaca un dato revelador, uno de cada tres programas sociales aplicados en nuestro estado, sencillamente carecen de reglas de operación.
El gobierno federal, la 4T ha señalado recurrentemente que Oaxaca es considerado el “dedo chiquito” del presidente, de ahí el apoyo, el reparto de recursos, las visitas e impulso de proyectos estratégicos, aunque en la práctica hay nula reducción de la pobreza.
De acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023 levantado por el Inegi entre marzo y agosto de 2023, hasta hace medio año los gobiernos daban cuenta de 164 programas de desarrollo social que reparten recursos a habitantes de algunos de los 570; aunque hay un pero, en 54 de esos programas se carece de reglas de operación.
En el portal oficial de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal, en la página referente a la Reglas de Operación de los programas del gobierno nos encontramos con una explicación del porqué fijar, determinar, observar y respetar dichas reglas en el uso de recursos públicos.
¿Qué son las reglas de operación?
“Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia”.
De tal suerte que si no se respeta esa normatividad, en muy difícil que sea eficiente y equitativo el impulso de programas sociales. Más aún, como señala la presentación, es factible dejar la puerta abierta a la opacidad, a la falta de transparencia e, incluso, lo agregamos nosotros, ser fuente de corrupción pues no hay nada que norme el uso (o abuso) de dichos recursos.
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, dichas reglas permiten conocer quién es sujeto de recibir los apoyos, conocer los apoyos específicos que ofrecen los programas, así como los requisitos para obtenerlos.
Luego del paso del huracán Agatha, que pegó en la costa de Oaxaca el 30 de mayo de 2022 y, a falta de Fondo Nacional de Desastre desaparecido desde 2020 pero con acta de defunción de 2021, el gobierno federal decidió levantar un censo de afectados con “apoyo” de autoridades estatales y municipales y el reparto “directo” de recursos.
De acuerdo con cifras de junio de 2022, en que se levantó el padrón de afectados, más de 26 mil oaxaqueños fueron afectados en mayor o menor medida. Sin embargo, se dejó a consideración de 500 brigadistas enlistas a quienes resultaron con afectaciones mayores o menores. Eso generó la inconformidad de algunos de los afectados que no fueron considerados y demandaron un segundo censo. ¿Por qué? Pues no se definieron normas o reglas mínimas para empadronar a los damnificados y, mucho menos, la manera y cómo se entregaron los recursos. En la zona aún prevalece la irritación.
El censo se extendió a 126 comunidades de 26 municipios y aún hoy es cuestionable la eficacia de dichos apoyos dado que se carecían de objetivos a cumplir que no fueran solo “dispersar” dinero.
Hay inconformidad de muchos de los afectados, pues también se incumplió con la regla para que los ciudadanos vigilarán que los recursos públicos se apliquen de acuerdo a como han sido programados.
Pero de las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se infiere que hay más anomalías. En el ámbito nacional informa la existencia de 7 mil 394 programas sociales pero en 750 ¡se carece de un padrón de beneficiarios! O sea, que no sabemos a quién se entrega 1 de cada 10 programas. En el caso de Oaxaca, esta cifra es aún mayor, en 12% de los programas sociales, 1 de cada 8, simplemente no se lleva un control de quien es el beneficiario.
El Inegi da cuenta de una cifra escandalosa de recursos manejados por esos programas asistencialistas, 145 millones 373 mil 027 pesos. Un jugoso bocado para la corrupción, opacidad y la falta de rendición de cuentas.
Lo que queda claro es la danza de millones de pesos que se ejercen en Oaxaca sin el menor pudor para “combatir” la pobreza. La manga ancha para el uso de recursos, su arbitraria aplicación, la exclusión o inclusión de beneficiados de manera unilateral y sin dar explicaciones porque en muchos programas no hay reglas que respetara y, sin duda, la falta de eficacia y medición para cumplir con los objetivos.
Nada ni nadie llama a cuentas.
TIRAN A CAROL
La fracción morenista que impulsaba a Marcelo Ebrard no las trae todas consigo; ayer se cayó la candidatura de Antonio Carlos Altamirano quien buscaba contender por el distrito con sede en Salina Cruz en lo que sería su cuarta reelección.
A Carol los propios morenistas le abrieron una causa por incumplir requisitos de elegibilidad por presunta violencia política de género, por ilegibilidad al carecer de vecindad por el distrito que busca representar y por negativa del INE. Con la nueva distritación tendría que ir por Ixtaltepec, lugar de su residencia, y no por Salina Cruz, que era su pretensión.
Al final, pues está el primer damnificado del grupo ebrarista en Oaxaca.
