Héctor Lisandro Morales Silva*
Siempre he pensado que quienes lleguen a cargos de representación popular, deben ser auténticos representantes, y que de ninguna manera es necesario, como ha llegado a pensarse, que tengan una preparación académica que los haga sobresalir por sus conocimientos. Sin embargo, lo que sí es indispensable es que, si desconocen la ley, consulten a quien los pueda orientar, le ahorrarían la vergüenza por el comportamiento ilegal y ridículo que ofrecen a quienes por ellos votaron. En los antiguos pueblos helénicos habrían confundido a estos legisladores con el dios mitológico Coalemus.
Me refiero concretamente a las estruendosas declaraciones divulgadas con ostentación por el coordinador de los diputados del Partido Morena que hablaron de su interés por iniciar un juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que se conserva firme y valiente en su tarea por hacer valer lo establecido en la Constitución, tarea complicada en estos tiempos en los que, lo que sea desea, es la sumisión y el aplauso a las decisiones del Ejecutivo, como sucede en el Poder Legislativo, en donde sin chistar y ciegamente se respeta el texto de las órdenes, que hacen llamar iniciativas, provenientes de Palacio Nacional.
Podría entenderse esa desatinada declaración del diputado Mier porque no es profesionista en Derecho, según los datos biográficos que se registran, pero no así del también diputado José Ramón Robledo Ruiz que, aunque aparece que es licenciado en Derecho, egresado de la prestigiada Universidad de San Luis Potosí, con su proceder, lejos de honrarla, la desprestigia.
Los dos legisladores hablan de un juicio político en contra del ministro Pérez Dayán, la causa, porque frente al empate de una votación, él como presidente de la Sala, para desempatar emitió su voto de calidad.
Lo hizo, no porque se le antojara o quisiera hacerlo, sino porque la ley así lo determina. El artículo 56 de la Ley de Amparo, textualmente expresa:
“Cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, éstos continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad”
El precepto transcrito es claro, y de esa forma fue aplicado por el ministro. Es absurdo pensar que puede proceder el juicio político, pues no encuadra en ninguno de los supuestos de procedencia que establece el artículo 110 constitucional.
Decía que el comportamiento de los legisladores que, como pastores, llevaron a sus compañeros frente a las cámaras a que los acompañaran en sus declaraciones, es totalmente ilegal y ridículo.
Ilegal, porque la conducta del ministro, que obedece a lo que expresamente dice la ley, no encuadra en lo que ellos reclaman; ridículo, porque es absurda su postura. Entiendo que recibieron la orden y tienen que cumplirla y que, si en Palacio les dicen que ni una coma pueden cambiar, habrán de cumplir lo que les ordenan.
Ante esta situación, una invitación respetuosa a los legisladores involucrados en esta tendenciosa acusación. Quizá crean que están representando una comedia de Aristófanes, que en tanto más ridiculicen la problemática social el comediógrafo renovará su contrato, o mejor aún, les concederá un papel protagónico en la próxima temporada.
He de informarles que no están escenificando una obra de teatro, están representando a uno de los poderes de la República Federalista, que como ustedes saben, una de sus principales características es la división en tres poderes, cada uno independiente de los otros.
Recordemos, el juicio político es para preservar el orden jurídico, el estado de Derecho, no, y nunca debe serlo para sancionar a quienes, con razones y argumentos piensan distinto al Presidente.
Afortunadamente seguimos siendo un país de instituciones y no de caudillos.
*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
