En México, que es parte del club de los cinco grandes de la biodiversidad, que cuentan con entre 60 y 70 por ciento de la diversidad natural del planeta, la primera vía para proteger la fauna, flora, playas, montañas, selvas y alimentos es la que debiera ser la última, la jurídica. Las otras herramientas, el diálogo frente la opinión pública, la medicación de científicos y especialistas y la legislativa se encuentran atrofiadas ante gobiernos que pretenden no escuchar, explica el abogado Francisco Xavier Martínez, director técnico del Centro Mexicano de Derecho Ambiental(CEMDA).
En el país, en 30 años se ha perdido el 40 por ciento de la diversidad animal y entre 25 y 30 por ciento de las especies vegetales. La tendencia es que en el siguiente lustro se pierda hasta un 20 por ciento más de la riqueza natural sin que se advierta una acción eficiente por parte de las autoridades nacionales, estatales y municipales.
“Nosotros preparamos un reporte que presentamos en 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre destrucción del patrimonio natural, lo que decíamos es que hay un modus operandi, un patrón sistemático de violación a los derechos humanos, ya sea por omisión o por acción, es una ceguera, no es casual, los espacios de toma de decisión en el país están ocupados por una sola visión”, explica el abogado.
De acuerdo con Martínez Esponda, quien participó en el taller sobre Diversidad Biocultural y Resiliencia Socioecológica como parte de la segunda reunión del Programa sobre el Cambio del Ecosistema y Sociedad, una de las vías más frecuentes para organizaciones en pro de los derechos humanos y la protección a la naturaleza es la de recurrir ante el Poder Judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Con las reformas constitucionales del 2011 se cambió el rostro del Estado, se dijo que el Estado mexicano es un Estado garantista, en el que las personas, no los ciudadanos, y los jueces adquieren un rol preponderante, desde entonces han venido las grandes decisiones de la Corte sobre pueblos indígenas”, subraya.
Pese a que integrantes de la Corte han pedido a autoridades nacionales buscar rutas para evitar que asuntos sobre la protección a la biodiversidad se judicialicen, al máximo tribunal del país le ha correspondido desde negar un amparo a Monsanto para la venta de maíz transgénico, detener la construcción del Acueducto Independencia sobre territorio yaqui y amparar a comunidades mayas de Campeche y Yucatán contra la siembra de soya transgénica en sus territorios, proceso este último que, de acuerdo con el abogado, resultó imperfecto.
En el lado positivo encontraron el apoyo del gobierno de Yucatán, cuyo secretario de Medio Ambiente decidió invertir en investigaciones los efectos de autorizar áreas para esta siembra, estudios que ni el CEMDA ni las comunidades mayas habrían podido pagar; por otra parte, pese a la orden de la Corte para que se consultara a las comunidades, los magistrados “no entendieron el impacto ambiental de la decisión” y pidieron que se consultara a dos de siete municipios, incluyendo a 34 comunidades, pero ahora ha desechado esa primera decisión y disminuyó el número a siete, que serán las que decidan si se siembra o no el transgénico.
“El acceso a la justicia se está volviendo el camino para poner sobre la mesa lo que los legisladores y el Ejecutivo no han querido ver. Ir a los tribunales es lo último de lo último, quiere decir que todo lo demás no funcionó, recorrimos todos los caminos, y este último no es muy feliz y no es muy eficaz”.
Incongruencias ante la megadiversidad
Incluso los mejores proyectos para proteger la biodiversidad del país se enfrentan a decisiones políticas orientadas a beneficiar a los grandes capitales extranjeros. Una investigación en la que participó Patricia Balvanera, doctora de la Facultad de Biología y Química de la UNAM, demostró que un tercio de las Áreas Naturales Protegidas de México, que son zonas cuyos “ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano”, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) están superpuestas con las zonas en donde la Secretaría de Economía ha entregado concesiones para la minería.
73 por ciento de esas concesiones para explotación de recursos minerales permiten la extracción de oro plata y metales industriales como cobre, plomo, zinc, fierro o mercurio, entre otros.
“En los últimos 20 años he aprendido mucho con artistas, comunidades, organizaciones, productores, con autoridades, pero a veces (el trabajo de conservación de la biodiversidad) es como dar batazos de ciego, intentar muchas cosas, crear ideas para mejorar pero a veces no se llega a donde uno quisiera, la mejor alternativa es el trabajo con cada uno de los individuos”, aseguró Balvanera.
75 por ciento
Según datos de la Conanp, hasta 2010 existían en el territorio nacional 221 áreas de conservación certificadas, de las cuales 75 por ciento están en Oaxaca. Los ecosistemas que se resguardan en este esquema, en orden de importancia por su extensión, son el bosque tropical seco, el bosque mesófilo de montaña, la selva húmeda, el bosque templado y los humedales. Especialistas señalan que el hecho de que el 70 por ciento de las áreas prioritarias para la conservación estén en territorios de comunidades y ejidos dala oportunidad de proteger de manera conjunta más áreas, al conservar su biodiversidad y fomentar al mismo tiempo un aumento de la calidad de vida de sus pobladores.
