El lunes pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó una controvertida ley que otorga a la policía estatal la autoridad de detener a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera de Estados Unidos y permite a los jueces locales ordenarles abandonar el país. Esta medida ha sido considerada por críticos como el intento más drástico de un estado por controlar la inmigración desde la ley de Arizona de 2010, que fue en gran parte anulada por la Corte Suprema federal.
Today in Brownsville, I signed three new laws to better protect Texans AND Americans from Biden’s open border policies.
Illegal entry into Texas is now a crime subject to removal or imprisonment.
Texas will also fund new wall construction & increase human smuggling penalties. pic.twitter.com/EVGcYf4HJs
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 19, 2023
Aunque la competencia para aplicar leyes de inmigración recae en el ámbito federal, los republicanos de Texas han desafiado estos límites con mayor intensidad durante la presidencia de Joe Biden. Argumentan que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para frenar la entrada ilegal de personas al país.
La nueva ley autoriza a cualquier policía de Texas a detener a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos. Una vez detenidos, los individuos pueden aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar el país o enfrentar cargos por delito menor de entrada ilegal. Aquellos que no cumplan con la orden podrían ser detenidos nuevamente por delitos más graves.
Los críticos legales consideran que esta medida constituye una violación de las competencias federales en materia de inmigración. Incluso el gobierno de México ha rechazado la legislación. En Estados Unidos, grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes han cuestionado al presidente Biden por no haber frenado antes las medidas fronterizas agresivas implementadas por Texas.
En una reacción adicional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cerró temporalmente dos pasos fronterizos ferroviarios en Texas el mismo lunes para ayudar a procesar a los inmigrantes. Operadores ferroviarios expresaron su preocupación por el impacto negativo en el comercio, especialmente durante la temporada navideña.
Expertos legales y treinta ex jueces de inmigración de Estados Unidos han criticado la medida, calificándola como inconstitucional y alertando sobre posibles separaciones masivas de familias. La abogada Priscilla Olivarez, estratega del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes en San Antonio, declaró que la medida debería ser anulada para evitar consecuencias humanitarias y legales indeseadas.
