La 65 legislatura del Congreso de Oaxaca ayer “se la bañó” como señalan en el norte. Dos hechos que parecen “buenos” sin duda arrojan que traen jiribilla: con 38 votos a favor y 1 en contra se elimina el candado de 3 años de estar laborando y contar con experiencia en Sala para nombrar al presidente del Poder Judicial y, además, se establece alternancia de género para que una mujer asuma la Presidencia del Poder Judicial.
El otro asunto es la aprobación de una gubernatura de transición por 2 años para empatar el calendario electoral y homologar la elección local de 2028 con los comicios federales, de tal suerte que habría un gobierno de 2028 a 2030 y, si se respeta la alternancia de género, tendría que ser una mujer quien ocupe esa mini gubernatura.
Sin duda llega la alternancia, por ley, en el Poder Judicial. Una mujer, de manera inmediata, podrá ser nombrada ministra presidenta. La proponente, Nancy Benítez, sin duda no presentó tal iniciativa sin haberla consultado y calificó la reforma como histórica para que una mujer pueda acceder a la presidencia del Poder Judicial, pero aquí viene el “asegún” se aprobó “quitar el requisito absurdo de tres años en sala para acceder a la Presidencia”.
Buena la alternancia de género, malo que llegue acompañada por un ardid y con maña política.
¿Requisito absurdo, señora Benítez? Ese requisito brindaba una mínima certeza de que él o la magistrada que arribe a la titularidad cuente con experiencia, que no sea una magistratura armada al vapor, artificial y nula experiencia.
Contar con experiencia profesional permite terminar con la improvisación de personajes; cierra la puerta a personas impreparada, incapaces o sin haber litigado. También el Congreso de Oaxaca se ha mimetizado de lo acontecido en la Federación por privilegiar la militancia partidista, la lealtad política por sobre la carrera jurídica y argumentos profesionales.
Estamos a días u horas en que Bertha Alcalde sea nombrada por el presidente como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con nula experiencia en sala, pero con lealtad probada a la voluntad presidencial, alejada de independencia jurídica para la interpretación de la Constitución y de las leyes que de ella emanan.
¿Quién garantizará, de ahora en adelante, quien llegue a presidencia del Poder Judicial cuente con experiencia profesional, independencia de criterio y bagaje jurídico y no le deba el puesto al dedazo o lealtades políticas?
Hoy en Oaxaca Morena cuenta con mayoría calificada, lo que permitió modificar la Constitución local y dinamitar ese candado de 3 años en sala. Ahora tiene el camino allanado para, al igual que en el ámbito federal, busque controlar uno de los tres poderes y nombrar un magistrado o magistrada “carnal” a modo del gobernador en turno.
GUBERNATURA CON DEDICATORIA
Un segundo asunto, también de suma importancia por lo rústico de “hacer política” lo es la aprobación de una gubernatura de dos años, de 2028 a 2030 para “empatar” la elección local con la presidencial federal de 2030, con el argumento de generar economías al homologar el calendario electoral.
La propuesta fue presentada y enviada a comisiones y Servicios Parlamentarios por la bancada de Morena desde el pasado 21 de noviembre y, entre los argumentos, se señala que ello permitiría un “ahorro” de 350 millones de pesos.
Ayer, la 65 legislatura aprobó la reforma a la Fracción I del artículo 25 de la Constitución, para homologar la elección de gobernatura del 2028 con los comicios federales y que, por única ocasión, el cargo de la persona que gane la gubernatura, dure solo 2 años. La Gobernadora o Gobernador que se elija el primer domingo de junio del año 2028, iniciará su periodo el 1 de diciembre de 2028, y concluirá el 30 de noviembre de 2030.
Sin embargo, hay varios peros. Recordemos que tras la impugnación de Susana Harp al proceso de selección interno de Morena en donde apelaba a la alternancia de género y señalaba irregularidades en la “encuesta” con la que se seleccionó a Salomón Jara, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que tenía razón, pero na’más tantito.
En un mensaje en redes sociales la senadora indicó en abril que “en lo individual: tienes razón, pero espera seis años; en lo colectivo: un triunfo logrado en tres duros meses que abrieron surco para las mujeres”.
El dictamen del TEPJF emplaza a Morena a fijar reglas claras para el siguiente proceso a la gubernatura e, indudablemente, de acuerdo con lo expuesto por los magistrados, para el sexenio 2028-2034 el estado tendría una gobernadora.
Pero, si el período “se achica” a solo 2 años, entonces para que una mujer pueda ser gobernadora en un todo un sexenio deberá esperar hasta 2036.
Resultado de ello fueron las críticas generadas al interior del propio morenismo, Concepción Rueda, cercanísima a la senadora Harp acusó al ser parte de un congreso “servil, misógino, y que solamente legisla con el sí señor”.
Habrá que ver la evolución del caso. El decreto podría ser llevado a tribunales para su análisis. Esa reforma bien podría ser tirada en juzgados electorales. Sin embargo, tomando en cuenta la crisis por la que atraviesa el TEPJF, podrían superar la aduana y evadir la alternancia de género.
Esa es la apuesta.
