El crecimiento anárquico de las ciudades a la luz de las invasiones urbanas movidas por la necesidad y la permisión de las autoridades, continúa condicionando el desarrollo de las urbes y afectando espacios reservados para el cuidado ambiental. Esto debe obligar a detener el crecimiento desordenado a través de instrumentos que permitan establecer los usos y destinos de suelo, así como establecer las zonas de crecimiento habitacional.
Actualmente hay una creciente inquietud por la constante invasión a áreas y zonas protegidas que debe obligar a las diversas dependencias estatales y federales actuar con contundencia. Tal es el caso que se registra en la zona norte de la capital, sobre todo en las agencias San Felipe del Agua y Guadalupe Victoria donde la madeja urbana prácticamente está acabando con la reserva natural.
La preocupación es que se extienda en toda la Cordillera Norte, porque hay un proceso irregular de compra y venta de terrenos que se ha denunciado. La expansión de construcciones en zonas aledañas y áreas naturales protegidas, afectarán gravemente el ecosistema, con un mayor riesgo de que existan derrumbes, afectaciones a la flora y fauna silvestre, ante el creciente deterioro del medio ambiente.
El 30 de diciembre de 1937, el gobierno federal decretó el Parque Nacional Benito Juárez con extensión en cuatro municipios, entre ellos Oaxaca de Juárez, donde se encuentran las agencias San Felipe del Agua y Guadalupe Victoria.
En tanto, en nuestro estado no se ha detonado el desarrollo de unidades habitacionales debido a la falta de reserva territorial para emprender nuevos desarrollos, así como a la ausencia de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra que permitan acelerar el crecimiento urbano y garantizar la dotación de los servicios básicos como agua potable, drenaje, pavimentación y otros más.
Ante tales condiciones urge realizar estudios y análisis de crecimiento poblacional que permitan planear el crecimiento a corto y mediano plazo de nuestras ciudades y quedar asentados en los Planes de Desarrollo Urbano.
Rendir cuentas
En un año muy complicado para la economía y el bienestar de los oaxaqueños, hoy se necesita de un gobierno que además de la transparencia y rendición de cuentas, haga gala de una verdadera austeridad que ayude a hacer más con menos. Es necesario que el compromiso de adoptar medidas de austeridad y racionalidad, así como eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez, control y rendición de cuentas en el ejercicio de todos los rubros de gastos, no se pierdan.
Convertir en realidad estos compromisos será atender una sentida demanda de la ciudadanía, que exige castigar impunidad y corrupción. De ahí que el Gobierno del Estado encare el reto de cumplir con eficiencia presupuestal y combate a la corrupción, que permitirán canalizar mayores recursos en favor del desarrollo de Oaxaca.
Agobiados por los excesos de funcionarios de pasadas administraciones, los oaxaqueños exigen de los servidores públicos un verdadero compromiso con las aspiraciones de una sociedad sumida en los últimos lugares de educación, salud, vivienda, y otros indicadores.
Los funcionarios responsables ya saben en dónde deben actuar, pues es indudable que la percepción ciudadana sobre la corrupción es sumamente alta y si bien se han aprobado leyes que deben servir para prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, es necesario redoblar esfuerzos en todos los ámbitos.
La rendición de cuentas es una oportunidad para que la sociedad evidencie los resultados, de acuerdo con el cumplimiento de la misión o propósito fundamental, además de la entrega efectiva de bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades o problemas sociales de sus grupos de valor.
Bien se ha dicho que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares imprescindibles de la gestión pública, toda vez que las decisiones que se tomen por parte del gobierno forzosamente deben estar al alcance de los ciudadanos de una manera accesible, clara y veraz.
