En medio de crecientes tensiones con el gobierno y varios litigios pendientes, Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca y Grupo Elektra, ha solicitado y obtenido un amparo para evitar que sus cuentas bancarias personales sean revisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y, en consecuencia, entregadas a las autoridades correspondientes.
La solicitud de amparo surge después de un incidente ocurrido el 7 de septiembre, en el que Salinas Pliego buscaba impedir que los bancos proporcionaran información sobre sus cuentas a la CNBV o, en caso de que ya lo hubieran hecho, evitar que la comisión la compartiera con las autoridades solicitantes.
Los registros judiciales muestran que la demanda fue presentada por el abogado de Salinas Pliego y que, el 21 de septiembre, se le concedió la suspensión definitiva, impidiendo la revisión y envío de sus datos bancarios mientras se determina si se han violado sus derechos constitucionales.
Este movimiento legal de Salinas Pliego ocurre en un contexto donde tanto él como sus empresas enfrentan desafíos legales significativos. Hay una disputa en curso entre el gobierno y Grupo Elektra sobre supuestos adeudos fiscales que suman 25 mil millones de pesos. Además, Banco Azteca está siendo investigado en relación con el caso Fertinal, mientras que Salinas Pliego ha sido reprendido por el INE por violencia política de género.
El detonante de la demanda de amparo parece ser un informe reciente que sugiere que la CNBV solicitó información sobre las cuentas bancarias de Salinas Pliego. Su abogado argumenta que esta acción podría representar una “persecución ilegal” por parte del gobierno.
La resolución sobre la suspensión señaló que no está claro que la CNBV haya seguido los procedimientos adecuados para solicitar dicha información. Por lo tanto, se decidió otorgar la suspensión para evitar acciones irreparables.
Sin embargo, la suspensión es solo un paso en el proceso legal. Aún no se ha determinado si el amparo será finalmente concedido. Para resolver esto, el juez federal Gabriel Regis López ha programado una audiencia para el 16 de octubre, donde ambas partes presentarán sus argumentos finales. Independientemente del resultado, es probable que cualquiera de las partes impugne la decisión, llevando el caso a un tribunal colegiado.
